Bruselas y el trasvase

Los técnicos de Medio Ambiente de la Comisión Europea han elaborado un informe inusualmente crítico con la petición de fondos europeos para el trasvase del Ebro. El proyecto más polémico del Plan Hidrológico Nacional suscita importantes reservas en los expertos comunitarios debido a su impacto ambiental y a su dudosa coherencia con la legislación europea.

Afirman con razón algunos políticos del PP que la Comisión Europea no ha tomado todavía ninguna decisión negativa sobre la cofinanciación de las obras, pero se equivocan al minimizar el contenido de este documento y desoír lo que es un importante toque de atención para sus aspiraciones. La decisión final está en manos de la Dirección de Política Regional, que gestiona los fondos europeos, pero un informe negativo de los servicios de Medio Ambiente constituye una barrera casi insalvable. También será clave el informe que prepara el Banco Europeo de Inversiones, que tendrá igualmente en cuenta las dudas sobre la viabilidad financiera del trasvase expuestas en un anejo del informe de Medio Ambiente.

Es posible, y hasta probable, que las negociaciones abiertas desde hace meses entre las autoridades españolas y la Comisión terminen despejando los obstáculos existentes para lograr la financiación europea. Ha ocurrido con otros proyectos. Sin embargo, los argumentos y razones expuestos en el informe de Bruselas merecen un debate nacional, que el PP rechaza de plano, y posibles rectificaciones en un macroproyecto cuyas negativas consecuencias deben ser limitadas al máximo.

Resolver la sed del sureste español es una cuestión de solidaridad nacional. Lo que parece discutible es que la única solución radique en el trasvase del Ebro. Muchos de los argumentos esgrimidos a escala nacional contra este proyecto han sido asumidos por los técnicos de Bruselas: dudosa viabilidad del proyecto, subestimación de costes, daños medioambientales quizá irreparables en el Delta del Ebro... Y todo ello en nombre de una escasez de agua que no es impedimento, sin embargo, para seguir promocionando, en ocasiones desde el propio PP, la especulación urbanística y la construcción desaforada.