Sombras sobre L'Albufera

Codicia por unos metros cuadrados de ladrillo, puerta abierta a la especulación, recorte de la protección..., son algunas de las descripciones que ha merecido esta semana la propuesta del consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, de modificar el régimen jurídico del suelo del parque natural de L'Albufera, la joya de los humedales valencianos. La Consejería defiende que mantendrá "una estricta vigilancia sobre todas las actuaciones urbanísticas", pero profesores de la Universitat de València, ecologistas, vecinos y la oposición denuncian que el decreto, que implica reclasificar suelo no urbanizable en los límites de las pedanías del parque, invita a la especulación en un espacio natural frágil sometido a fuertes presiones.

"El decreto es una grave amenaza para el equilibrio ecológico del parque natural"

Y es que llueve sobre mojado, recalcan. Desde que el movimiento social de El Saler per al Poble liberó a L'Albufera de la voracidad urbanística de principios de los setenta, el parque se ha enfrentado a muchos enemigos que han intentado que se reduzcan sus límites -ocupa 21.120 hectáreas de 13 municipios de L'Horta- o suavizar la protección. L'Albufera se convirtió en parque en 1986 -de la mano de Blasco, entonces en el gobierno socialista- y la actuación y las inversiones de las distintas administraciones han permitido mejorar significativamente la salud del humedal. Pero la tentación de urbanizar no desaparece, sobre todo en la costa.

El instrumento legal que rige la actividad cotidiana del parque, el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG), está pendiente desde que llegó al poder el PP. El Gobierno socialista distribuyó antes de las elecciones de 1995 un borrador, pero el entonces consejero de Medio Ambiente José Manuel Castellá -en el Consell con UV- preparó otro documento, que tiró a la basura su sucesor en el cargo, el popular Fernando Modrego. El nuevo plan alcanzó la fase de alegaciones en 2002, y desde entonces está paralizado.

El documento levantó fuertes protestas y los ecologistas alegaron ya entonces que abría la posibilidad de reclasificar suelo. A principios del pasado febrero, preguntado sobre la aprobación del PRUG, Blasco afirmó que el proceso se ha "ralentizado" a expensas de que se definan las necesidades de la Copa del América de 2007. Conocido el nuevo decreto, ha saltado la alarma.

El borrador del decreto, que modifica un artículo del régimen jurídico del parque aprobado en 1993, permite que el PRUG, "con carácter excepcional", prevea "la reclasificación de sectores de suelo no urbanizable, protegido o común, colindante a los núcleos urbanos históricos del parque natural", si se demuestra la necesidad "de no impedir la expansión vegetativa" de las pedanías afectadas en Valencia, Sueca, Alfafar y Cullera -75.000 habitantes-, o de "remodelar" sus límites "bajo criterios de racionalidad urbanística", y si no afecta a terrenos "en los que existan valores naturales de especial relevancia".

Mientras la Consejería afirma que no se puede aprobar el PRUG sin esa modificación y asegura que no autorizará los desmanes que se auguran, las críticas se suceden en cascada. "El decreto es una gran amenaza para el equilibrio ecológico del parque", asegura la catedrática de Ecología de la Universitat de València Rosa Miracle, presidenta también de la Fundació d'Amics del Parc Natural de L'Albufera. "Con los encauzamientos de barrancos ya se han cargado gran cantidad de vegetación", recuerda, en lo que es un ejemplo de las presiones que sufre el parque en su difícil convivencia con un entorno muy poblado y de gran actividad económica. Para Víctor Navarro, de Acció Ecologista Agró, el decreto choca "con la letra y el espíritu" de la ley de espacios naturales de 1994, con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del propio parque, y con el Catálogo de Zonas Húmedas.

"Todo el suelo del parque tiene valor natural relevante y ya se hizo un esfuerzo en la delimitación de las pedanías para mantener el máximo posible de suelo urbano y natural", subraya el secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes. "No hay presión demográfica", añade el portavoz socialista en Valencia, Rafael Rubio, con el padrón en la mano: Pinedo ha crecido en 70 personas entre 1996 y 2003, El Saler ha ganado 430 habitantes, Palmar ha perdido 60, y El Perellonet tiene 688 más; en todos los casos con una media de más de una vivienda disponible por familia. Rubio calcula que las áreas susceptibles de urbanizar en esas pedanías rondan el centenar de hectáreas, a las que se podrían sumar más en el barrio de Tremolar (Alfafar); El Perelló, Mareny de Barraquetes y Les Palmeres, en Sueca; y el Mareny de Sant Llorenç, en Cullera.

La Consejería replica que son los ayuntamientos socialistas los que piden más suelo y cita a Sueca como muestra de una "actitud incoherente" en el PSPV. "Tenemos dos prioridades, que son los centros escolares de El Perelló y del Mareny de Barraquetes", responde el alcalde, Salvador Gil, que apoya el decreto para dos unidades de actuación, pero rechaza "que se convierta en un coladero para hacer miles de viviendas". Tampoco prevén una expansión urbanística en Alfafar. "Lo que buscamos es poder hacer obras de acondicionamiento, porque sin el PRUG no se puede cambiar ni un tejado", dice la concejal de Urbanismo, Juana Blasco.

Distinta visión tienen en Cullera y algunas pedanías de Valencia. "Nuestros hijos se van a vivir fuera, aquí no hay bastantes viviendas y tenemos el suelo urbano casi agotado", asegura el alcalde pedáneo de Pinedo, José Navarro. Sus quejas no caen en saco roto, ya que el Ayuntamiento que dirige Rita Barberá, si bien niega tener planes de reclasificación por la Copa del América, sí actuará en Pinedo. Tiene listo desde 2002 un plan para construir 280 adosados en la pedanía, a lo que se opone la asociación de vecinos, que rechaza el decreto de Blasco. En Cullera es "antigua" la reivindicación de edificar entre el Mareny de Sant Llorenç y el Dosel.

"Nos da pavor, no sabemos si los controles serán efectivos porque al final las leyes van detrás de los depredadores del ladrillo", objeta Antonio Cañuelo, presidente de la federación de vecinos de Valencia. La desconfianza y la historia de abusos pasados arrojan sombras sobre L'Albufera.