China se acerca

El Partido Comunista chino ha propuesto al Parlamento, reunido en sesión anual en Pekín, dos importantes enmiendas a la Constitución: una garantizará la propiedad privada; la otra, la protección de los derechos humanos. La interrelación entre ambas es obvia y su aprobación está descontada, siendo como es la Asamblea Popular una máquina de estampillar las decisiones del partido único. Sería ingenuo, sin embargo, atribuir ya a esas medidas -un paso de Pekín para homologar su ordenamiento con el mundo capitalista- el valor que se les confiere en una democracia.

Para empezar, los jueces chinos carecen de poder para revisar la constitucionalidad de las leyes o de las decisiones gubernamentales. Añadir a la Constitución la frase "el Estado respeta y garantiza los derechos humanos" es innovador en un régimen que, desde 1949, muestra desprecio absoluto por ellos. Pero en China el concepto de derechos humanos difiere profundamente de su acepción generalizada y tiene poco que ver con los derechos políticos individuales. Por lo que puede tener de semilla, sin embargo, la iniciativa ha de ser bienvenida en un país donde las ejecuciones baten récords, y la represión política y religiosa se manifiesta de mil formas diferentes.

El primer año de la nueva generación de líderes, que ha sucedido a Jiang Zemin bajo la batuta de Hu Jintao y el primer ministro, Wen Jiabao, se ha caracterizado por un impulso reformista inusualmente transparente. Frente a los oscuros planteamientos habituales -como las Tres Representaciones de Jiang Zemin, que intenta salvar el foso entre la teoría comunista y la práctica capitalista-, los objetivos económicos del gigante asiático se están perfilando con notable pragmatismo.

Importante puede ser en este sentido la protección constitucional de "todos los tipos de propiedad privada obtenida legalmente", aunque en este enunciado también haya bastante por precisar.

La decisión es producto de la necesidad, no del altruismo de Pekín. Responde a la necesidad de conservar la riqueza y mantener el formidable desarrollo económico de un país

ya manifiestamente capitalista, pese a las mistificaciones del PCCh. China es una locomotora de 1.300 millones de personas lanzada a vertiginosas tasas de crecimiento que bordean el 10% anual, pero donde todavía cientos de millones subsisten en condiciones miserables y el acceso a la educación o la sanidad es para muchos una quimera. En este maremágnum, el sector privado, que opera en una especie de penumbra legal pese a contribuir en más de un tercio al PIB, se ve sometido a formidables interferencias gubernamentales y burocráticas. Su bendición constitucional ayudará a perfilar un marco que normalice la actividad empresarial.

Pronto se verá si las reformas en ciernes representan un compromiso de fondo con el cambio. Una Constitución es papel mojado si no se hace cumplir o no se ponen en marcha los mecanismos legales para hacerla eficaz. Y, en cualquier caso, a los chinos les sigue vedado cuestionar el derecho irrestricto del partido único a dirigir sus vidas. Ésa es la mayor y más insostenible contradicción del sistema.