Aquí vivo, aquí voto

Una vez más se está desaprovechando la campaña electoral para abordar una cuestión urgente: los derechos políticos de los inmigrantes. Este tema no sólo está ausente de los grandes ejes sobre los que se articula la campaña de los partidos con posibilidades de obtener el respaldo mayoritario de los ciudadanos, sino que no aparece en sus programas electorales. Esta ausencia es significativa, sobre todo si tenemos en cuenta que en otros países de nuestro entorno se han dado pasos importantes en este terreno, como muestra el reciente reconocimiento del derecho de voto en elecciones municipales a los residentes extracomunitarios en Bélgica.

En España, la inmigración sigue presentándose como un fenómeno de riesgo que pone en peligro nuestro bienestar, identidad y progreso. No se llama la atención sobre el hecho de que esta nueva clase obrera que se ha conformado con el proceso migratorio no tiene derecho político alguno reconocido, lo que no deja de ser una paradoja más que hiriente en este nuevo siglo que iniciamos: obreros sin derechos políticos por el hecho de haber inmigrado. El inmigrante aparece definido como un sujeto no político, lo cual contraviene la noción moderna de ciudadanía de nuestras sociedades democráticas, en las cuales "los derechos sociales se establecen en el ejercicio del derecho político" (T. H. Marshall, Ciudadanía y clase social, 1950).

La cuestión de los derechos políticos de los inmigrantes está ausente del debate electoral y no figura en los programas de los partidos mayoritarios

Esta exclusión de los derechos políticos sufrida por los inmigrantes extranjeros es especialmente intensa en lo que se refiere al derecho político por excelencia: el derecho de votar y de ser elegido. Al no tener reconocido el derecho de voto, los extranjeros extracomunitarios permanecen al margen de la toma de decisiones sobre asuntos públicos, no cuentan y no son tenidos en cuenta a la hora de intervenir en la toma de decisiones colectivas. Trabajan, cotizan, pagan impuestos y escolarizan a sus hijos, y sin embargo carecen de derechos de participación política. Es urgente tomar conciencia de lo insostenible de esta situación. De otra forma se seguirán produciendo paradojas tan formidables como la que representa el hecho de que en los municipios en los que la inmigración ha generado un espectacular crecimiento demográfico se produzca un incremento del número de concejales de las corporaciones locales sin que la población que ha determinado dicho incremento pueda intervenir en la elección de los mismos.

A diferencia de otros derechos civiles, económicos o sociales, el derecho de voto ha permanecido asociado al requisito de la nacionalidad. Sólo en fechas recientes se ha comenzado a poner en cuestión la vinculación entre derecho de voto y nacionalidad, únicamente en lo que se refiere a las elecciones municipales. A partir de 1980, países como Dinamarca, Irlanda, Suecia, Países Bajos y recientemente Bélgica han ido reconociendo el derecho de los residentes extranjeros a participar en las elecciones municipales. La clave del cambio se encuentra en la sustitución del requisito de la nacionalidad por el de la residencia.

En España no se ha llegado a una regulación de estas características. La Constitución de 1978 reserva el ejercicio del derecho de voto a los españoles, excepto en los casos en los que se firme un tratado de reciprocidad con un Estado para el reconocimiento mutuo de este derecho en elecciones municipales. A raíz del Tratado de Maastricht se reconoció el derecho de presentarse como candidato y de votar en elecciones municipales a los nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea.

Además tienen reconocido el derecho de voto en elecciones municipales los nacionales noruegos, en virtud de un tratado de reciprocidad firmado por Noruega y España. Este último ejemplo pone de manifiesto que se puede avanzar en la extensión del derecho de voto en elecciones municipales a todos los extranjeros residentes sin necesidad de reformar la Constitución. Hasta el momento, sin embargo, este tema no ha sido una prioridad de los distintos Gobiernos españoles, y, a juzgar por lo que estamos viendo en la actual campaña electoral, sigue sin serlo. Esto revela que no se contemplan los derechos políticos como un vehículo de integración social que mitigue las actuales dinámicas de segmentación. Reconocer estos derechos no sólo repercutiría en el colectivo de inmigrantes, sino en el conjunto de la sociedad, en la medida en que se avanzaría hacia un escenario en el que los inmigrantes no fuesen percibidos como un cuerpo "extraño", sino como actores que participan en el diálogo que se establece en el marco de una comunidad política.

Mónica Méndez Lago es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración, y Andrés Pedreño Cánovas es profesor titular de Sociología (ambos en la Universidad de Murcia).