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LA CRÓNICA
Columna
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El difícil sino de L'Albufera

La Consejería de Territorio y Vivienda ha sacudido esta semana al siempre susceptible -y con razón- universo ecologista mediante la divulgación de las modificaciones que prevé en el régimen jurídico que actualmente rige el parque natural de L'Albufera. La novedad principal, a la espera de que aparezca el muy demorado Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de ese paraje, consiste en la recalificación de suelo protegido sobre el que edificar. El cambio se justifica básicamente por la necesidad de posibilitar el crecimiento vegetativo de los núcleos urbanos radicados en ese espacio a fin de que las nuevas generaciones no hayan de emigrar. No se ocupará un palmo de terreno -aseguran fuentes oficiales- que tenga especial interés medioambiental.

En realidad, y fríamente considerado -si ello fuera factible-, la reforma no debiera alarmar. Los aludidos núcleos urbanos históricos crecen y reclaman solares para nuevos hogares, equipamientos y servicios. Son los mismos alcaldes de ese entorno, de cualquier pelaje ideológico, quienes exigen que se relajen las limitaciones vigentes. La población asentada casi se ha triplicado en estos últimos 20 años y algo parecido ha ocurrido con las actividades económicas. Por principio, pues, no se les puede vetar la calidad de vida -centros de salud, escuelas etcétera- ni tasar el desarrollo. Al fin y al cabo, de las 20.021 hectáreas que ocupa el parque tan solo 360 son de carácter urbano.

Añádase a lo dicho que hoy por hoy el titular de la referida consejería es quien, en la década de los 80, fuera pionero de la legislación medio ambiental en el País Valenciano, decimos de Rafael Blasco. Tanto por su biografía como por su futuro político no sería coherente que amparase una legislación que, conculcando el actual estatuto proteccionista, habilitase el asalto especulativo a L'Albufera y su entorno. Más bien nos parece que se está tratando de hallar una fórmula que concierte la protección de ese espacio y la presión demográfica de los trece términos municipales que lo agobian, sin contar el acoso redoblado de la población capitalina y de los intereses adquiridos. Las directrices del aludido PRUG delatan un deseo explícito en salvaguardar este marco mediante la fijación de áreas de reserva y restringidas, de consuno con mejoras generales y crecientes inversiones.

De lo hasta aquí expuesto ha de colegirse que no nos alienta la animadversión o el prejuicio acerca de las reformas que se proponen. Lejos de nosotros el ceder a la tentación del fundamentalismo ecologista. Incluso pensamos que el consejero Blasco está obteniendo el rendimiento más favorable en su negociación o diálogo con los ayuntamientos. Ni siquiera nos imaginamos qué hubiera sido de L'Albufera si los municipios colindantes hubieran podido decidir libremente sobre su superficie firme y el mismo lago. A lo peor hoy estaría colmatado, asfaltado y saturado de adosados. En la década de los 60 los munícipes de Valencia ya emprendieron en la Dehesa de El Saler una hazaña tanto o más depredadora cuyas heridas no han cicatrizado del todo.

Sin embargo, a pesar del ejercicio de realismo y comprensión que hacemos, no podemos aventar el pesimismo. La de L'Albufera es la historia de un encogimiento y predación que solo apenas ha cesado. Nos parece maravilloso que se recuperen algunos ullals, y que un día se habilite el colector que la circunvala, y que se discipline el uso del suelo, y hasta que se fomente mediante subvenciones el cultivo imprescindible del arroz, y que aún podamos emocionarnos ante un crepúsculo de postal desde el Tancat de Zacarés.

A la par, nos deprime la mejora -acaso insoslayable- de los viales y la expansión de los núcleos habitados, lo que significa una especie de efecto llamada a otros colonizadores de este espacio privilegiado y puede ser que a los especuladores. Privilegiado en la medida que no crezca ni se humanice y acicale más de lo que su frágil naturaleza tolera. Por eso los ecologistas de Agró se oponen a los cambios de la normativa: ni un ladrillo más en el parque natural. Ni siquiera más habitantes. Aquí, lo realista de verdad es pedir lo imposible.

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UN TIPO TEMERARIO

Las Diputaciones Provinciales son entes anacrónicos, prescindibles e inflacionarios que suelen utilizarse para gratificar servicios políticos. Al frente de los mismos no han faltado memos, fascistoides y presuntos delincuentes, sin faltar gente de bien. El presidente de la corporación de Valencia, Fernando Giner, sobresale, entre otros dones, por su desmedida temeridad. Igual airea juicios lingüísticos disparatados que asocia, como ha hecho esta semana, a Pasqual Maragall y Carod-Rovira con los nazis. ¡Y lo dice un sujeto, de obediencia zaplanista, que viste todavía sayón azul mahón proletario y lleva las cinco flechas prendidas de una tetilla!

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