En vía muerta

Cuando en enero del año pasado una serie de siete accidentes de ferrocarril puso al sistema ferroviario español bajo sospecha, una de las explicaciones más plausibles que se ofreció a la opinión pública fue un informe de Renfe, conocido meses después, que denunciaba el deterioro de la red ferroviaria por ausencia notoria de inversiones en mantenimiento y reparación de las vías y otros elementos de la circulación. Pues bien, el Tribunal de Cuentas vuelve sobre tan comprometida cuestión en la fiscalización de las cuentas de Renfe de 2000. Sostiene el informe cosas tan graves como que Renfe no invierte en reposición de infraestructuras tanto como amortiza, con lo cual no se produce la necesaria reposición de la red. La conclusión es que la falta de inversiones deteriora la calidad del servicio y aumenta el riesgo de accidentes.

Está claro que existe una relación muy estrecha entre la inversión en infraestructuras y la calidad de los servicios públicos. Esa relación se cumple tanto en los ferrocarriles como en la red de carreteras o en la sanidad pública. Por esa razón, es necesario garantizar el compromiso público de inversión, se mantenga la gestión en manos públicas o se traspase a empresas privadas. En el Reino Unido, la privatización de los ferrocarriles no incluyó compromisos de inversión, de forma que las empresas recortaron gastos fácil e irresponsablemente en los capítulos de mantenimiento y reposición. Una cadena de catástrofes ferroviarias obligó al Gobierno británico a imponer a las empresas privadas drásticas condiciones de inversión.

Esa lección debería haberse aprendido. Pero la gestión de Renfe desde 1996 no parece haber tomado nota de la moraleja, según advierte el Tribunal de Cuentas. Renfe se complace en la cara más agradable de la gestión ferroviaria, que es la adjudicación de grandes contratos -como el que acaba de favorecer a Talgo y Siemens por importe de 1.600 millones de euros- aptos para explotación electoral; nada reprochable si al mismo tiempo explica a la opinión pública el alcance de las conclusiones del Tribunal de Cuentas y con qué decisiones de inversión compensará las deficiencias de la red viaria. Ésa es la auténtica responsabilidad de Renfe, y muy grave por cierto.