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Reportaje:ELECCIONES 2004 | Andalucía

La minoría muda

Más de 200.000 gitanos andaluces carecerán de voz propia en los Parlamentos tras el 14 de marzo

Granada

La manifestación racista de Santa Fe fue un fracaso. Ningún vecino acudió al llamamiento contra los gitanos que un panfleto anónimo convocó para el pasado 27 de febrero. Sólo pequeños corrillos de gente de esta minoría -casi el 20% de la población del municipio granadino- charlaban animadamente en la plaza de España esperando escépticos la aparición de pancartas que nunca llegaron.

"Una vez más se ha demostrado que la reacción contundente de las autoridades desactiva rápidamente estos brotes racistas", explica Humberto García, director para Andalucía de la Fundación Secretariado General Gitano (FSGG), la asociación gitana más representativa en España junto con la Unión Romaní. La actuación del Ayuntamiento, que condenó la octavilla y denunció al fiscal su reparto, impidió que el autor organizara la protesta. Pero el episodio no se saldó sin responsabilidades políticas. El PP invitó a dimitir a una de sus concejalas que justificó en parte el conenido del pasquín.

Los principales representantes de la comunidad gitana en Andalucía discrepan sobre la repercusión que este suceso pueda tener en el voto de sus miembros en los próximos comicios. "Debería condicionarlo", asegura Manuel García Rondón, responsable de la Unión Romaní en Andalucía. "Pero el problema es que muchos alcaldes del PP tienen una actitud paternalista hacia los gitanos. Les dan ayudas sin nada a cambio y eso genera cierto clientelismo. Ya se sabe, al que no tiene nada, mejor que no lo meneen". En la FSGG, lo ven de otra manera. "El PP de Santa Fe ha tenido una reacción clara al hacer dimitir a su concejala", afirma Humberto García, que cree que la conducta de la edil no traerá consecuencias.

Etnia principal

Los gitanos son la minoría más importante de Andalucía pero sólo un miembro de esta comunidad competirá en las próximas elecciones. Las razones, según el secretario para la Comunidad Gitana de la Junta de Andalucía, José Manuel Leal, hay que buscarlas tanto en el funcionamiento interno de los partidos como en un cierto recelo de los calés hacia la participación política activa. "Su idiosincrasia familiar y de clan no acaba de encajar con la estructura política", explica Leal, que sin embargo asegura que "en los últimos años se ha producido cierto acercamiento a los partidos".

"Es verdad que no nos gusta encasillarnos con unos u otros", confirma Manuel Reyes, abogado cordobés y único candidato gitano al Parlamento de Andalucía, con remotas posibilidades de conseguir escaño. Reyes, número 11 por Córdoba en las listas del Foro Andaluz, asegura que le fue fácil postularse. "En los partidos tradicionales los gitanos se encuentran con el obstáculo del aparato, que es quién designa a los candidatos, pero el Foro cree en las bases. Bastó con unas primarias para entrar en las listas", asegura. "Pero en cualquier otra formación hubiera sido imposible".

Reyes, junto con su líder, Manuel Pimentel, se reunió con FSGG en Córdoba. "Nos hablaron de racismo, del rechazo de la sociedad hacia el pueblo gitano, sobre todo hacia los más desfavorecidos. Un rechazo que se manifiesta en hábitos de conducta", cuenta el candidato. "Nuestra formación afrontará la cuestión con un plan social global en el que entrarán las iniciativas de las asociaciones gitanas". El candidato cree que los fondos públicos con que se financian actualmente estos colectivos "crean cierto servilismo y clientelismo respecto al poder político".

No existen estadísticas sobre el número de gitanos que viven en Andalucía, pero la Junta estima que están entre los 200.000 y los 350.000. Los sondeos que utiliza la consejería de Asuntos Sociales (recopilados por el antropólogo Juan Gamella en 1996) hablan de una cifra aproximada de 203.000 con especial presencia en las provincias de Granada (donde uno de cada 18 habitantes pertenece a esa minoría) y Sevilla (46.000 en toda la provincia). La mitad de los gitanos españoles son andaluces, según datos de la Unión Romaní.

Oposición a lo payo

Convertirse en ciudadanos como todos los demás. Ese es el objetivo básico de esta comunidad. Algo que se podría alcanzar con una mejor comprensión mutua entre gitanos y no gitanos. "Tenemos mayores dificultades que los demás para acceder a la educación, la sanidad o la vivienda debido a a la falta de formación de parte del colectivo y a la distancia cultural de los poderes públicos", explica Humberto García. Para el director andaluz de FSGG, ese déficit provoca que algunos gitanos no asuman sus deberes, algo que sólo se solucionará cuando conozcan mejor sus derechos. "Si el Estado reconociera nuestra cultura la identidad gitana dejaría de basarse en la oposición a lo payo", asegura el portavoz gitano.

FSGG ha enviado a todos los partidos unas propuestas concretas para los próximos cuatro años. Erradicar las chabolas (donde vive un 10% de los gitanos), más ayudas económicas para acceder a la vivienda, programas de seguimiento escolar que eviten el absentismo y el abandono de los estudios y el reconocimiento institucional del colectivo como minoría étnica, son las principales demandas. Pero no serán posibles sin una apuesta contra el racismo. "El rechazo social provoca prácticas discriminatorias en la selección para trabajos o al alquilar un piso", dice el documento.

Pero, salvo milagros, tras el 14 de marzo no habrá gitanos con voz para defender estos mínimos ni en Sevilla ni en Madrid. La minoría más numerosa de España seguirá muda. Tendrá que conformarse con gritar desde la puerta.

Los concejales calés piden que se conozca su cultura para superar las desigualdades

Que los gitanos no tengan representación en los parlamentos, no quiere decir que no tengan presencia institucional. Ayuntamientos como el de Pinos Puente (Granada), tienen concejales de este colectivo desde la llegada de la democracia. "La comunidad gitana tiene más presencia entre los partidos de izquierda (PSOE e IU)", afirma la directora del Centro Sociocultural Gitano Andaluz, Paqui Fernández. Pero el PP también cuenta con ediles en municipios tan importantes como Motril (Granada) o La Línea de la Concepción (Cádiz). Esta es la visión que algunos de ellos tienen sobre lo que llaman "la cuestión gitana".

- Juan Diego Redondo (PSOE). El concejal socialista de Aracena (Huelva), considera que los políticos dan de lado a esta minoría. "Durante la campaña, los candidatos no vienen a vernos y se sensibilizan más con los inmigrantes". Según Redondo, la labor de la Junta ha provocado un importante cambio en el colectivo. "Hace 25 años ningún gitano sabía leer ni escribir". Pero todavía queda trecho por recorrer. "Muchas políticas asistenciales no encajan en lo que el gitano quiere, porque se desconoce nuestra cultura". Y pone un ejemplo: "No puedes dar un piso a personas que no saben usarlo porque jamás han vivido en uno". Para el concejal la educación es el medio mejorar la situación. "Los padres no valoran que sus hijos vayan al colegio porque han resuelto sus vidas sin leer ni escribir".

- Antonio Heredia (PP). El concejal de Minorías Étnicas e Inmigración en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) cree que el programa de su partido recoge las demandas básicas de los gitanos "aunque se podría hacer más". "El Gobierno central ha realizado un Plan de Desarrollo Gitano del que debe sacar más aprovechamiento", explica el concejal. Según Heredia, "es necesario que se dignifique la figura del mediador intercultural, que podría traer más recursos, ya que ahora funcionamos con el boca a boca". Su participación en las políticas que les atañen, es fundamental. "Los programas de formación deben diseñarse con las aportaciones de los gitanos". "Es muy importante que se promocione nuestra cultura", concluye el concejal.

- Rafael Fernández (IU). Para el concejal de Hacienda de Pinos Puente (Granada), su coalición es la que mejor defiende los derechos de las minorías étnicas. "En Pinos Puente somos pioneros en programas para la eliminación de la infravivienda así como en la integración escolar de los alumnos gitanos y la búsqueda de alternativas para los que abandonan", explica Fernández. "Si esos planes funcionan aquí, ¿por qué no en toda Andalucía o en el resto de España?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de marzo de 2004

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