La minoría muda

La manifestación racista de Santa Fe fue un fracaso. Ningún vecino acudió al llamamiento contra los gitanos que un panfleto anónimo convocó para el pasado 27 de febrero. Sólo pequeños corrillos de gente de esta minoría -casi el 20% de la población del municipio granadino- charlaban animadamente en la plaza de España esperando escépticos la aparición de pancartas que nunca llegaron.

"Una vez más se ha demostrado que la reacción contundente de las autoridades desactiva rápidamente estos brotes racistas", explica Humberto García, director para Andalucía de la Fundación Secretariado General Gitano (FSGG), la asociación gitana más representativa en España junto con la Unión Romaní. La actuación del Ayuntamiento, que condenó la octavilla y denunció al fiscal su reparto, impidió que el autor organizara la protesta. Pero el episodio no se saldó sin responsabilidades políticas. El PP invitó a dimitir a una de sus concejalas que justificó en parte el conenido del pasquín.

Los principales representantes de la comunidad gitana en Andalucía discrepan sobre la repercusión que este suceso pueda tener en el voto de sus miembros en los próximos comicios. "Debería condicionarlo", asegura Manuel García Rondón, responsable de la Unión Romaní en Andalucía. "Pero el problema es que muchos alcaldes del PP tienen una actitud paternalista hacia los gitanos. Les dan ayudas sin nada a cambio y eso genera cierto clientelismo. Ya se sabe, al que no tiene nada, mejor que no lo meneen". En la FSGG, lo ven de otra manera. "El PP de Santa Fe ha tenido una reacción clara al hacer dimitir a su concejala", afirma Humberto García, que cree que la conducta de la edil no traerá consecuencias.

Etnia principal

Los gitanos son la minoría más importante de Andalucía pero sólo un miembro de esta comunidad competirá en las próximas elecciones. Las razones, según el secretario para la Comunidad Gitana de la Junta de Andalucía, José Manuel Leal, hay que buscarlas tanto en el funcionamiento interno de los partidos como en un cierto recelo de los calés hacia la participación política activa. "Su idiosincrasia familiar y de clan no acaba de encajar con la estructura política", explica Leal, que sin embargo asegura que "en los últimos años se ha producido cierto acercamiento a los partidos".

"Es verdad que no nos gusta encasillarnos con unos u otros", confirma Manuel Reyes, abogado cordobés y único candidato gitano al Parlamento de Andalucía, con remotas posibilidades de conseguir escaño. Reyes, número 11 por Córdoba en las listas del Foro Andaluz, asegura que le fue fácil postularse. "En los partidos tradicionales los gitanos se encuentran con el obstáculo del aparato, que es quién designa a los candidatos, pero el Foro cree en las bases. Bastó con unas primarias para entrar en las listas", asegura. "Pero en cualquier otra formación hubiera sido imposible".

Reyes, junto con su líder, Manuel Pimentel, se reunió con FSGG en Córdoba. "Nos hablaron de racismo, del rechazo de la sociedad hacia el pueblo gitano, sobre todo hacia los más desfavorecidos. Un rechazo que se manifiesta en hábitos de conducta", cuenta el candidato. "Nuestra formación afrontará la cuestión con un plan social global en el que entrarán las iniciativas de las asociaciones gitanas". El candidato cree que los fondos públicos con que se financian actualmente estos colectivos "crean cierto servilismo y clientelismo respecto al poder político".

No existen estadísticas sobre el número de gitanos que viven en Andalucía, pero la Junta estima que están entre los 200.000 y los 350.000. Los sondeos que utiliza la consejería de Asuntos Sociales (recopilados por el antropólogo Juan Gamella en 1996) hablan de una cifra aproximada de 203.000 con especial presencia en las provincias de Granada (donde uno de cada 18 habitantes pertenece a esa minoría) y Sevilla (46.000 en toda la provincia). La mitad de los gitanos españoles son andaluces, según datos de la Unión Romaní.

Oposición a lo payo

Convertirse en ciudadanos como todos los demás. Ese es el objetivo básico de esta comunidad. Algo que se podría alcanzar con una mejor comprensión mutua entre gitanos y no gitanos. "Tenemos mayores dificultades que los demás para acceder a la educación, la sanidad o la vivienda debido a a la falta de formación de parte del colectivo y a la distancia cultural de los poderes públicos", explica Humberto García. Para el director andaluz de FSGG, ese déficit provoca que algunos gitanos no asuman sus deberes, algo que sólo se solucionará cuando conozcan mejor sus derechos. "Si el Estado reconociera nuestra cultura la identidad gitana dejaría de basarse en la oposición a lo payo", asegura el portavoz gitano.

FSGG ha enviado a todos los partidos unas propuestas concretas para los próximos cuatro años. Erradicar las chabolas (donde vive un 10% de los gitanos), más ayudas económicas para acceder a la vivienda, programas de seguimiento escolar que eviten el absentismo y el abandono de los estudios y el reconocimiento institucional del colectivo como minoría étnica, son las principales demandas. Pero no serán posibles sin una apuesta contra el racismo. "El rechazo social provoca prácticas discriminatorias en la selección para trabajos o al alquilar un piso", dice el documento.

Pero, salvo milagros, tras el 14 de marzo no habrá gitanos con voz para defender estos mínimos ni en Sevilla ni en Madrid. La minoría más numerosa de España seguirá muda. Tendrá que conformarse con gritar desde la puerta.