El empleo acapara la oferta electoral andaluza

Internet ha entrado de lleno en las elecciones andaluzas. La manera más fácil y rápida de consultar los programas de los cuatro principales partidos (PSOE, Partido Andalucista, IU y PP) es visitar sus páginas en la Red. De su lectura, afloran algunos trazos básicos que los identifican. En el programa socialista, abundan proyectos adelantados por la Junta en los últimos meses. Y las propuestas más novedosas se han redactado de forma que es su candidato, Manuel Chaves, quien pone los números y los plazos. El programa electoral del PP es el más amplio, aunque está inflado con propuestas del Gobierno central. Su candidata, Teófila Martínez, es la que ha puesto el listón de promesas más alto, a costa de una cuentas imposibles. IU reclama un mayor protagonismo del sector público y el componente nacionalista recorre todo el programa andalucista, con especial hincapié en la reforma del Estatuto. El empleo vuelva a ser protagonista, pero la preocupación por la vivienda ha ganado mucho espacio en todos los programas.

- La reforma más polémica. Chaves dedicó su última intervención parlamentaria a lanzar su propuesta de modificar el Estatuto andaluz, pero el programa apenas avanza sobre lo que ya dijo. En la propuesta socialista se da entrada a algunas instituciones ya creadas (Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas), reivindica la participación de Andalucía en la política fiscal de España (agencia tributaria andaluza), promueve la democracia paritaria y amplía las competencias atribuidas a la comunidad (cuencas hidrográficas, parques nacionales, tráfico, infraestructuras). La propuesta de IU suena similar, aunque acentúa la necesidad de incluir la exigencia de una distribución justa y equitativa de la renta. Es el programa del PA el que plantea la reforma más amplia. En ella cabe la limitación de mandatos a ocho años, una policía autonómica integral o la participación de Andalucía en la elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Y, frente a las reformas, el PP. Los populares no consideran que "el actual momento histórico" sea "el más oportuno".

- Impuestos a la baja. La liquidación del antiguo modelo de financiación autonómica ha centrado la precampaña. En su programa, el PP andaluz mantiene que el Gobierno ha "ofrecido" resolver la cuestión con una propuesta por la que Andalucía "percibiría la cantidad de 2.500 millones de euros", pese a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que la cantidad está en el aire. El programa socialista se limita a exigir el pago, aunque sus líderes apremian al acuerdo por una cantidad muy similar a la que la Junta ya ofreció hace año y medio (2.340 millones). IU, por su parte, cuantifica la deuda en 9.500 millones.

Sobre la necesidad de cambiar el actual sistema de financiación autonómica, sólo el PSOE concreta una propuesta de reforma, en la que pide un espacio fiscal autonómico, gestionado por una agencia tributaria andaluza, que también plantean IU y, con cautelas, el PA. Chaves ha anunciado que pedirá mayor capacidad normativa sobre el tramo autonómico del IRPF (33%) para aumentar el mínimo exento a 12.000 euros e igualar el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital. El PP, que no quiere tocar el sistema de financiación, plantea un amplio uso de la capacidad que ya tienen las comunidades sobre el IRPF, con bonificaciones (entre 100 y 600 euros) a diversos colectivos. También plantea eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y de actos jurídicos documentados. El PA apuesta por reequilibrar el modelo de financiación para que las autonomías gestionen los impuestos indirectos. IU quiere más dinero para el fondo de cooperación interterritorial.

- Menos temporales. La tasa de paro andaluza es aún elevada (un 18,7%, según la EPA) y los programas evidencian una creciente preocupación social por la alta temporalidad (el 45% de los ocupados andaluces). Chaves se ha planteado como objetivo la creación de 450.000 nuevos puestos de trabajo y ha situado la lucha contra la precariedad como objetivo prioritario, aunque sólo precisa que habrá más incentivos a las empresas para contratos indefinidos (con especial atención a las mujeres) y que reforzará la intervención de la Inspección de Trabajo. Por su parte, el PP promete que Andalucía alcanzará "el pleno empleo en dos legislaturas", lo que pasa, a su juicio, por duplicar la tasa de empleo femenina hasta que alcance el 50%. IU asegura que su política laboral llevaría a la "creación neta de 600.000 empleos en cuatro años" y a la rebaja de la tasa de temporalidad al 31% de los trabajadores andaluces. Y apuesta por incrementar las ofertas de empleo público y aprobar por ley la jornada de 35 horas. El PA también plantea las 35 horas y ayudas a la contratación indefinida.

- Protección oficial unánime. La vivienda ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de los hogares andaluces que, como en el resto de España, han contemplado cómo los precios se duplicaban en menos de una década. La receta de todos los partidos varía poco. La vivienda de protección oficial o tasada, poco relevante en convocatorias anteriores, alcanza un protagonismo estelar, con propuestas que suman entre 200.000 y 250.000 viviendas públicas en cuatro años (ahora se construyen al año en Andalucía menos de 15.000).

- Acelerón de I+D. La innovación productiva fue una de las apuestas de la Junta en la pasada legislatura, pero el nivel de gasto no ha pasado del 0,6% del PIB regional. El programa del PSOE vuelve a dar una importancia crucial a las nuevas tecnologías, como base de lo que ha dado en llamar "segunda modernización". Los socialistas se comprometen a elevar el gasto público en I+D hasta el 1% del PIB y alentar que el gasto privado alcance también esta proporción en 2010. Insistirán en incentivar la vuelta de investigadores y la compra de ordenadores por empresas y familias. IU y PP realizan una apuesta más ambiciosa al situar el nivel de gasto en I+D en el 1,5% del PIB. Los populares prevén la creación de un centro de alta computación y quieren que la Junta amplie los instrumentos financieros (fondos de capital-riesgo) para la innovación. Los andalucistas aumentarían los recursos para los planes públicos de investigación.

- Vías contra carreteras. La novedad en los programas de infraestructuras es que IU y, sobre todo, PSOE enfatizan los proyectos ferroviarios. Andalucía no tiene competencias en esta materia, pero desde hace años acuerda con Renfe inversiones en las líneas regionales. IU propone realizar obras que permitan una velocidad alta en las regionales sin el impacto de las obras AVE. Los socialistas han ido más allá y se han comprometido a cofinanciar la conexión AVE a todas las capitales andaluzas, comprometida por el Gobierno para 2007. Al tiempo, la Junta quiere adecuar las vías regionales para implantar, tres años más tarde, un servicio andaluz de altas prestaciones, que reducirá los tiempos de trayecto entre las ciudades de la comunidad. Martínez se ha comprometido a que la Junta construya 1.200 kilómetros de autovías en los próximos seis años (el doble de lo construido por el Gobierno y la Junta en los últimos seis). Los andalucistas plantean que las dos administraciones construyan 1.800 kilómetros.

- Ordenadores en las aulas. PP e IU se plantean lograr que el gasto en Educación alcance al final de la legislatura el 6% del PIB andaluz, el doble del nivel actual. Todos apuestan por la inclusión de las nuevas tecnologías en los centros escolares: el PSOE se propone que haya un ordenador por cada dos alumnos, mientras que el PP cree necesarias entre una y cuatro aulas informáticas por colegio. Los andalucistas quieren generalizar el actual plan para incrementar los horarios de apertura de los centros escolares y garantizar libros gratis. IU expresa su rechazo a las normas estatales (LOU y LOCE) y reclama paralizar la concertación de colegios, justo que el PP. Los populares prevén abrir 80 nuevos centros escolares y devolver los exámenes de recuperación a septiembre (la Junta los ha puesto en junio). Socialistas y populares recalcan también medidas para extender la enseñanza bilingüe.

- Atajo a las listas de espera. Una vez reducido a dos meses el tiempo de demora para operaciones quirúrgicas, los socialistas creen posible limitar a 60 días la espera máxima para consultas especializadas y a 30 para pruebas diagnósticas, más o menos como IU. La federación quiere endurecer las incompatibilidades entre la sanidad privada y la pública y restringir la política de conciertos. El PP cree indispensable garantizar que las consultas de atención primaria duren al menos diez minutos y quiere potenciar la red con 27 ambulatorios y 25 hospitales. Los socialistas prevén 17 nuevos hospitales.