Litigio por la Sala de lo Social del Tribunal Superior vasco

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretende desplazar de la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a un magistrado de Jueces para la Democracia, Manuel Díaz de Rábago, que ha acabado con el retraso que tenía la Sala cuando accedió a ella en 1996. Cinco magistrados de su sección han remitido al Consejo un escrito en la que consideran a Rábago el "mejor candidato" para la plaza y valoran su "adecuada política de unificación de criterio" entre los magistrados y su "respeto por la pluralidad ideológica" de los jueces de la Sala. El vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, ha destacado el "enorme prestigio" de Rábago.

Díaz de Rábago y los otros miembros de la Sala han ejecutado un plan desde que el primero accedió a la presidencia para acabar en dos años con el retraso que sufría la sección. Si en 1996 la Sala tenía 3.026 asuntos pendientes, a 31 de diciembre pasado los asuntos pendientes eran 644, habiendo entrado en 2003 un total de 3.096 asuntos y dictado 2.972 sentencias, pese a que una plaza está vacante desde agosto pasado. Rábago tomó posesión del cargo en febrero de 1996 y ha "intervenido" en más de 7.500 sentencias, con un promedio anual superior a 900.

La Sala de lo Social se encuentra, además, desde el año pasado inmersa en el proceso para conseguir la norma de calidad ISO, algo que actualmente sólo tienen en toda la UE siete servicios judiciales o juzgados, todos ellos radicados en Euskadi.

Estos datos están incluidos en el expediente abierto en el CGPJ para decidir sobre la citada plaza vacante, que salió a concurso el el pasado 15 de enero como consecuencia de la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los dos únicos candidatos que se han presentado para el puesto son el actual presidente, Manuel Díaz de Rábago, y otro magistrado de la misma Sala, Jesús Pablo Sesma de Luis, que cuenta con el apoyo de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Rábago, de 54 años, se encuentra en el puesto 510 del escalafón en la carrera judicial y Sesma de Luis, de 44 años, en el 551.

En el currículo aportado por ambos candidatos, Rábago presenta varios libros y publicaciones colectivas en las que ha participado, además de artículos, un total de 9 conferencias, 12 ponencias y tres cursos en los que ha intervenido durante estos años. Sesma, doctor en derecho por la Universidad de Deusto, que solicitó la plaza el 20 de enero, adjunta también las 33 conferencias impartidas y las siete tesis doctorales en las que ha sido miembro del tribunal calificador.

El magistrado que opta a la reelección ha incluido un proyecto de trabajo en el que, entre otras cosas, se marca como objetivo resolver 3.354 asuntos al año, asignando 344 ponencias al año por magistrado y 258 al presidente.

El pleno del Consejo no discutió finalmente el pasado miércoles sobre la plaza y ha aplazado al menos dos semanas la decisión. El vicepresidente del Poder Judicial, Fernando Salinas, considera la Sala en litigio una de "las más prestigiosas" y a su actual presidente un "jurista magnífico, sin querer desmerecer en nada al otro candidato", según indicó a este periódico. Fuentes del Consejo aseguran que se ha abierto un plazo para intentar ampliar los "ocho votos" con los que, aseguran, contaría Rábago de la minoría progresista. El pleno del Consejo tiene 21 miembros.

Aunque el pleno debe valorar exclusivamente los méritos profesionales de ambos candidatos, en la carta de apoyo remitida por cinco magistrados de la Sala de lo Social, a la que se han sumado también los tres magistrados de los juzgados de lo Social de Vitoria y los cuatro juzgados de lo Social de San Sebastián, aseguran "haber tenido conocimiento de una campaña de desprestigio basada fundamentalmente en sus criterios personales". Con esta velada alusión, los once magistrados firmantes se refieren al apoyo de Rábago a determinadas campañas o manifestaciones organizadas por el colectivo por el diálogo Elkarri, sus reflexiones sobre la propuesta del plan Ibarretxe o su desacuerdo con los efecto de la ilegalización de Batasuna en base a la Ley de Partidos. "Entendemos que su opinión sobre tales temas no puede impedir el acceso a tal cargo, pues, aparte de que ello no está previsto legal ni reglamentariamente, supondría mermar los derechos que como ciudadano tiene y que han de prevalecer los méritos profesionales".

El secretariado de Jueces para la Democracia ha pedido al Consejo que se valoren los méritos y los resultados de una Sala "modélica por la rapidez, eficacia y calidad técnica de sus resoluciones.