Regulación de inmigrantes

En contra de un fácil tópico que pretende identificar a los sindicatos con actitudes reticentes respecto a la inmigración, UGT y Comisiones Obreras difundieron ayer una lúcida declaración conjunta en la que coinciden sustancialmente con las preocupaciones expresadas por el informe sobre la inmigración en España de la relatora especial de la ONU para los Derechos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro. En este informe, demoledor para el Gobierno del PP, la ONU expresa su preocupación por "la creciente bolsa de irregulares" en España, que atribuye a "la dificultad para frenar su llegada y para ejecutar su expulsión". También denuncia las kafkianas condiciones de la Ley de Extranjería para lograr la regularización. Para las centrales esto aboca a "los trabajadores sin permiso a situaciones de clandestinidad, marginación y vulnerabilidad".

Los Gobiernos del PP han fracasado en este asunto. No han conseguido ni frenar la llegada de irregulares ni conseguir su expulsión. Y su carencia de una política de integración ha generado una enorme bolsa de personas sin papeles -entre 600.000 y 850.000-, la incipiente aparición de guetos y la expansión de la economía sumergida. Quizá lo único que ha conseguido, cabe esperar que involuntariamente, haya sido criminalizar la inmigración, vinculándola frecuentemente con el aumento del número de delitos y con la inseguridad ciudadana. La ONU considera que esta "tendencia a asociar migración y delincuencia es muy preocupante".

UGT y CC OO ponen muchas cosas en su sitio. Proponen que partidos, organizaciones empresariales y centrales sindicales pacten unas reglas de juego: cuántos trabajadores extranjeros necesitamos y vamos a necesitar, de qué países deben proceder prioritariamente, cómo conseguir su "participación en igualdad de condiciones, derechos y deberes, en la vida política, económica, cultural y social" y qué hacer con los que se empecinen en no respetar nuestras leyes y valores. Y añaden que la inmigración irregular alimenta la tendencia española a la economía sumergida. Pero ahí, observan, el Gobierno combina un discurso duro contra los sin papeles con una gran tolerancia hacia los empresarios que los explotan.

A los indocumentados que trabajan honradamente en España debería facilitárseles la regulación, afirman UGT y CC OO. Se trataría de dar verdadera entidad al supuesto de arraigo laboral de trabajadores no comunitarios y de simplificar y acelerar los trámites burocráticos. En paralelo proponen "la eliminación del mercado laboral de los explotadores". Los sindicalistas han abordado este asunto como hay que hacerlo: con sentido común y principios democráticos.