El fiscal pide 8 años de inhabilitación para un ex alcalde de San Fernando

La Audiencia de Madrid dejó ayer visto para sentencia el juicio que desde el pasado día 17 se seguía contra un ex alcalde de San Fernando de Henares, Enrique Guerra López, de IU, por un presunto caso de prevaricación cometido a principios de la década de los ochenta. La fiscal, que elevó a definitivas sus conclusiones, pide para el ex regidor ocho años de inhabilitación por haber instruido un expediente contra el propietario de unos terrenos en los que se iba a construir un centro comercial, debido al impago de un impuesto, a pesar de que el Tribunal Económico-Administrativo de Madrid acordó la paralización del proceso por entender que dicho pago había prescrito.

La acusación particular, ejercida por el dueño de la finca, Angel G. G., modificó su escrito provisional -en el que reclamaba 33 años de cárcel y otros 24 de inhabilitación para el ex regidor- y pidió para Guerra López 12 años y 6 meses de prisión y 25 años de inhabilitación por cohecho, prevaricación, falsedad documental y estafa procesal.

Además, imputa a otros dos antiguos cargos municipales, el ex secretario y el ex recaudador del Ayuntamiento, así como a las personas que posteriormente compraron los terrenos objeto de conflicto -un empresario y su hija-. Para los dos primeros solicita, respectivamente, penas de dos años y cuatro meses de prisión y multa de 2.000 euros, y de 12 años y 6 meses de cárcel y 25 años de inhabilitación. Además, reclama 12 años y 6 meses de arresto y multa de 19.000 euros para el empresario, y dos años y cuatro meses de prisión para la hija de éste.

Deudas con las arcas

Según narra la fiscal en su escrito de acusación, los hechos se remontan a 1983, cuando el entonces alcalde de la localidad incoó un procedimiento de apremio contra el ahora denunciante por razón de tres deudas tributarias que éste había contraído con las arcas municipales. En dicho expediente, Guerra López imputaba al propietario de la finca El Pardo el impago del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos.

El proceso administrativo abierto contra el vecino le fue notificado a éste el 30 de abril de 1984 y 15 días más tarde Ángel G. G. interpuso varias reclamaciones ante el Tribunal Económico Provincial de Madrid, al entender que la deuda que se le atribuía había prescrito. Dicho tribunal avaló la opinión del contribuyente y ordenó al Ayuntamiento la suspensión de las providencias de apremio impugnadas por el afectado.

Sin embargo, el regidor, "contraviniendo dolosamente el reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, no paralizó el procedimiento", sino que continuó adelante con él, expropiando la finca, según la acusación pública. El 15 de octubre de 1984 la finca en cuestión salió a subasta y fue adjudicada al Consistorio.