Apalear a Laporta, supuesto fin del empleado del Barça detenido

"Siento tristeza. Sólo puedo lamentar que el detenido sea un ex empleado del club. Pero estoy más tranquilo porque las fuerzas de seguridad están trabajando". Joan Laporta, el presidente del Barcelona, realizó ayer esa breve reflexión antes de volar con el resto de la expedición azulgrana a Dinamarca y después de que unas horas antes hubiera sido detenido Manuel Santos, que fue trabajador fijo discontinuo de la entidad durante 20 años, por ofrecer dinero supuestamente a miembros de los boixos nois para que le apalearan.

Santos fue un personaje muy vinculado a la directiva de Josep Lluís Núñez y de Joan Gaspart, tanto que se le consideraba el segundo responsable de seguridad, después de Miguel Iglesias, y su leyenda negra le situaba como enlace entre la junta y los hinchas radicales. Los investigadores interrogaron ayer a Santos a fin de aclarar para quién trabajaba y hoy pasará a disposición del juez de Vic.

El acusado fue despedido en el otoño, poco después de que Laporta denunciara que los boixos le exigían entradas y dinero a cambio de mantener una actitud conciliadora. Además de él, hay cuatro detenidos más: al menos, uno relacionado con el caso y otros tres con otro asunto de extorsión a partir del cual se ha logrado detener a Santos.

El juez ha decretado el secreto de sumario y los agentes han mantenido un absoluto hermetismo sobre la identidad de los otros implicados, aunque fuentes del club azulgrana apuntan a que pueden ser radicales relacionados con incidentes en el Camp Nou y pertenecientes a los casuals, la rama radical de los boixos. La voluntad del Barça es que la policía llegue hasta el final para desentrañar toda la trama y erradicar a los violentos del estadio, una de las peores herencias del régimen Núñez. "Hacía tiempo que íbamos detrás, pero ahora ya hay pruebas", afirmó un directivo en el aeropuerto.

La noticia de la detención de Santos cayó como una bomba en el club por sus relaciones y las personas a las que podía implicar. Él era el encargado supuestamente de facilitar entradas a los radicales para que accedieran al Camp Nou y de controlar sus movimientos en el estadio. En alguna ocasión viajó con el equipo para evitar sus desmanes en los vuelos y en los estadios que visitaban. Santos, que fue policía durante 20 años, trabajó presuntamente para Francesc Pulido, directivo de la junta de Núñez, en un aparcamiento de Barcelona -este diario trató ayer de contactar con Pulido y la respuesta fue que se encuentra de viaje profesional-. La policía practicó el arresto coincidiendo en el tiempo con el nombramiento de Alejandro Echevarria, cuñado de Laporta, como nuevo miembro de la junta que asumió desde el inicio del mandato los temas de seguridad del club. Echevarría aseguró que "fue una casualidad" que su nombramiento y las detenciones coincidieran.

La trama que condujo hasta Santos llegó por dos vías distintas. Los Mossos y la Guardia Civil investigaban el secuestro hace cuatro meses de un magrebí en Vic por parte de siete hombres, entre ellos un miembro de los casuals, que se distinguen por su ideología neonazi. Los secuestradores, dirigidos por un guardia civil de Girona, detenido la semana pasada, pretendían forzar al magrebí para que actuara de correo para transportar 1.500 kilos de hachís. Este truculento caso abrió unas nuevas vías de investigación después de que el juez autorizara la intervención del teléfono del hincha radical, quien recibió la llamada de Santos en la que le habría informado de que había dinero para pegar, entre otros, a Laporta y Elias Frade, un antiguo mando de los Mossos y ahora jefe de seguridad del Barca. El presidente del Barça ya era acosado entonces por los radicales con amenazas constantes, algunas de muerte, y pintadas en su domicilio. Su familia precisó escolta. Esa situación se repetía a diario en cada partido con los insultos de los boixos, muy irritados desde que Laporta les exigió el carnet de socio y una actitud pacífica para entrar en el campo nada más concluir el torneo Joan Gamper, que abrió la temporada en el club. La junta, partidaria de la tolerancia cero, presentó entonces una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona. La policía se interesó por el origen de las amenazas y la investigación dio un salto adelante cuando los Mossos y la Guardia Civil la informaron del contenido de la charla.