Protección de Datos detecta anomalías graves en los ficheros del Samur

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid ha encontrado irregularidades graves o muy graves en el archivo y uso de la base informática de información personal de los cerca de 3.000 voluntarios que el Samur ha tenido desde su creación, hace 11 años. La Agencia ha paralizado el proceso administrativo que abrió porque así se lo ha pedido un juzgado que investiga el caso por vía penal. La denuncia presentada por el sindicato CSI-CSIF acusa a cinco directivos del Samur de falsedad documental para beneficiar a una funcionaria en el proceso de selección de un trabajo.

Los hechos denunciados se remontan a enero de 2003, cuando la dirección del Samur expidió un certificado de los servicios prestados por una funcionaria del servicio que también había colaborado como voluntaria.

"El Samur convocó entonces un concurso público para incorporar a un sociólogo en el servicio. Sospechamos que la dirección quería dar el cargo a una persona muy concreta, que ya ha sido presentada en varios encuentros oficiales como socióloga del Samur sin que este puesto exista", explica un portavoz de CSI-CSIF.

"Por este motivo hincharon su trayectoria como voluntaria, porque esto le daba puntos en el concurso. Al final, resultó que otra persona obtuvo más puntos que ella y esto paralizó todo el proceso: no se contrató a la persona que quedó en primera posición en la bolsa de trabajo", continúa el portavoz sindical.

La base de datos de voluntarios del Samur debe cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta ley impone criterios muy estrictos sobre el acceso, uso y modificación a cualquier archivo que contenga datos personales.

"El hecho de que cualquier directivo pudiera acceder a la base de datos y modificarla a su antojo, y por motivos estrictamente personales, puso de manifiesto fallos e irregularidades muy graves en el manejo de la base de datos de los voluntarios del Samur", denuncia CSI-CSIF.

El sindicato puso el asunto en manos de las concejalías de Personal y Seguridad el pasado mes de junio. Cuatro meses más tarde, ante el silencio del Ayuntamiento, CSI-CSIF elevó la denuncia a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

La Agencia realizó una investigación en las instalaciones del Samur el 19 de septiembre de 2003, pero los inspectores concluyeron que el Samur cumplía la ley escrupulosamente. "La Agencia fue engañada por los directivos del Samur", explica un portavoz del sindicato. "Les hicieron creer que la base de datos era segura y que no podía ser manipulada", añade.

Poco después de la inspección, CSI-CSIF obtuvo más información del caso y presentó, el 25 de octubre, un recurso ante la Agencia de Protección de Datos con nueva documentación. La Agencia volvió a abrir la investigación en noviembre y realizó nuevas inspecciones en diciembre. Un portavoz de este organismo admitió que han sido encontradas irregularidades graves o muy graves en la base de datos motivadas por la posible inclusión en un fichero informatizado de datos personales que no se corresponden con la realidad.

Paralizar el proceso

Sin embargo, la Agencia ha tenido que paralizar el proceso administrativo en marcha ante la solicitud del Juzgado de Instrucción nº 12, al que CSI-CSIF también ha denunciado el caso por vía penal.

"Nuestras competencias son sólo administrativas, por lo que estamos obligados a paralizar el proceso y remitir el expediente a cualquier juzgado que esté investigando el asunto por vía penal", explicó un portavoz de la Agencia de Protección de Datos.

La Agencia de Protección de Datos continuará el proceso administrativo cuando el juez termine el procedimiento penal, según confirmó este portavoz. Durante 2003, la Agencia ha tramitado un total de 83 procedimientos, que han representado un 72% de incremento respecto a 2002.

En un informe interno del Samur, Javier Quiroga Mellado, jefe de la División de Operaciones del servicio, califica de "sorprendente" y de "extrema gravedad" algunas de las irregularidades denunciadas por CSI-CSIF. Sin embargo, Quiroga cambia el sentido de la denuncia y arremete contra el sindicato, al que acusa de usar la documentación presentada ante la Agencia de Protección de Datos de "forma ilícita" y recomienda que el Ayuntamiento denuncie al sindicato ante la propia Agencia.

Un portavoz de la Concejalía de Servicios a la Comunidad, de la que depende el Samur y cuyo titular es Pedro Calvo Poch, declaró que "los hechos denunciados corresponden a la gestión del anterior equipo directivo del Samur", destituido el pasado 3 de diciembre.