Camino a seguir

Supongo a los lectores informados de dos decisiones judiciales que hemos conocido estas últimas semanas. La primera, la decisión del Tribunal Supremo de Massachusetts que declaró anticonstitucional la prohibición de contraer matrimonio a las parejas homosexuales. La segunda, la decisión de una juez de Pamplona que, con base en la Ley Foral sobre parejas de hecho de la comunidad de Navarra, reconoció la patria potestad sobre las hijas a la compañera sentimental de su madre biológica.

Estoy de acuerdo con el contenido de ambas sentencias. Pero no es a dicho contenido al que quiero referirme, sino a la forma de reacción del sistema político americano y español ante ambas, porque dicha reacción es sumamente ilustrativa de lo que nos queda todavía por avanzar en España en el entendimiento de lo que es la descentralización política del Estado.

¿Por qué una comunidad autónoma no puede decidir sobre el matrimonio entre homosexuales?

En los Estados Unidos de América la decisión del Tribunal Supremo de Massachusetts cayó como una bomba. El tema del matrimonio homosexual está en la agenda política de casi todos los países democráticos y es polémico en todos ellos. Pero la reacción que se ha producido en el sistema político americano ha sido una reacción sana, coherente con la naturaleza políticamente descentralizada del mismo. La decisión ha sido valorada positiva y negativamente y quienes se oponían a ella han intentado poner en marcha el procedimiento de reforma de la Constitución de Massachusetts, con la finalidad de que figure en ella expresamente la prohibición del matrimonio homosexual. Hasta el momento no lo han conseguido. Pero al Gobierno de la Federación, aunque está en contra de la sentencia, no se le ha ocurrido poner en cuestión la misma y tratar de impugnarla ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Ni siquiera cuando la consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de Massachusetts se está extendiendo como una mancha de aceite por otros Estados. En San Francisco se han celebrado varios miles de bodas entre homosexuales desde que se hizo pública dicha decisión. Según informaba la NBC el viernes por la noche en el Estado de Nuevo México también parece que se va a aceptar el matrimonio entre homosexuales y en el New York Times del viernes leía que el alcalde de Chicago también estaba empezando a tomar en consideración autorizar matrimonios entre gays y lesbianas. El New York Times, que ha apoyado editorialmente desde el primer momento la decisión del Tribunal Supremo de Massachusetts, incluía en el editorial del pasado viernes una nueva reflexión sobre el tema desde una perspectiva diversa, desde la perspectiva federal. La ventaja de un sistema federal reside precisamente en que cuestiones como estas pueden ser ensayadas en los Estados, que de esta manera se convierten en una suerte de laboratorio para evaluar los efectos de determinadas decisiones.

Esta es la forma en que reacciona un sistema políticamente descentralizado ante asuntos de esta naturaleza. En lugar de rasgarse las vestiduras y considerar que se está invadiendo una competencia federal, se acepta que los órganos constitucionales de los Estados miembros puedan adoptar decisiones con autonomía y se aprovecha la ocasión para evaluar los resultados de las mismas.

En España, por el contrario, la reacción ha sido completamente diversa. En primer lugar, el Gobierno y parlamentarios del PP recurrieron la Ley de parejas de hecho aprobada por el Parlamento de Navarra ante el Tribunal Constitucional, que, afortunadamente en este caso, levantó la suspensión en el plazo de cinco meses establecido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Dicho levantamiento de la suspensión es el que ha hecho posible que la juez de Pamplona haya podido dictar la sentencia que ha dictado. Pero la reacción del Gobierno y de su mayoría parlamentaria fue la de impedir que la ley entrara en vigor y pudiera ser aplicada. Y como se han encargado de decirnos inmediatamente después de conocida la sentencia, la ley está recurrida y confían en que el Tribunal Constitucional la declare incompatible con la Constitución.

En lugar de aprovechar la ocasión para ver si la Ley navarra funcional y si con ella se resuelve mejor (o a la inversa) un problema extraordinariamente complicado y para el que no disponemos de conocimientos empíricamente contrastados que nos permitan saber qué es exactamente lo que hay que hacer en tales casos, se lanza toda la artillería de que se dispone contra ella, dificultando de esta manera la aplicación normalizada de la ley y la evaluación pacífica de sus efectos.

Un sistema políticamente descentralizado sirve y debe servir para que se puedan poner en práctica políticas distintas en distintas partes del territorio y para que se puedan evaluar las ventajas y los inconvenientes de dichas políticas de una manera territorialmente limitada. Los Estados o las Comunidades Autónomas son laboratorios políticos en los que se pueden ensayar políticas que, una vez comprobados sus efectos, pueden ser extendidas al conjunto del Estado o Federación si son positivos o, por el contrario, revisadas allí donde fueron adoptadas si son negativos. La relación coste/beneficio para el conjunto del sistema es mucho mejor.

Esto es algo que en España parece no entenderse todavía. Falta cultura federal. Nos queda todavía mucho camino por recorrer en lo que al entendimiento de la descentralización política se refiere. ¿Por qué una comunidad autónoma no puede decidir sobre el matrimonio entre homosexuales? ¿Por qué no puede decidir sobre la investigación con células madre? ¿Por qué hay tanto miedo al ejercicio de la libertad? En esto y no en la guerra de Irak Estados Unidos sí que indica un camino que vale la pena seguir.