La Audiencia refrenda la actuación de la juez en el 'caso Santander'

El auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que da luz verde para que comparezcan a juicio el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, el copresidente hasta agosto de 2001, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui, no entra a valorar si los imputados cometieron delito. La juez Teresa Palacios aprecia delito de administración desleal, aunque el fiscal ha pedido el archivo de la causa.

El auto de la Audiencia destaca que la resolución dictada en octubre de 2003 por la juez Teresa Palacios en la que apreciaba indicios de delito en la conducta de los imputados "observa escrupulosamente las prevenciones legales".

Los magistrados no han entrado en el fondo de la cuestión -si existen o no indicios de que Botín, Amusátegui y Corcóstegui cometieron delito-, sino que se han ceñido a la cuestión procesal. En ese sentido, han apreciado que "la decisión de la magistrada juez instructora de acordar seguir la tramitación con arreglo a las normas del procedimiento abreviado, al apreciar indiciariamente la posibilidad de la existencia de alguno de los delitos encuadrables en la cuantía recogida en el artículo 757 [de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-nal] es totalmente correcta".

Precisamente, la Sección Cuarta entiende que la valoración de si los hechos son constitutivos de delito corresponde a la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, que es la que debe juzgar el caso. Ahora, por tanto, al no caber recurso contra esta decisión, la juez Teresa Palacios deberá dar un plazo de 10 días a las acusaciones para que califiquen jurídicamente los hechos, es decir, que formulen escrito de acusación.

El fiscal no acusará

El fiscal Jesús Caballero, según fuentes de la propia Fiscalía, no formulará escrito de acusación, sino que solicitará el sobreseimiento de las actuaciones.

La única posibilidad de que no se celebrara juicio por estos hechos, es que la juez Palacios entendiera tras estudiar los escritos de acusación que no existe delito y decidiera archivar el caso. Sin embargo, esta posibilidad, según todas las fuentes consultadas, parece cercenada, toda vez que la magistrada -en contra del criterio del fiscal Jesús Caballero, que pedía el archivo- precisamente apreció en su auto de octubre de 2003 que los hechos revisten indiciariamente los caracteres de un delito de administración desleal, que se castiga con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión o multa de tanto al triplo del beneficio obtenido.

Éste es el segundo proceso que la juez Palacios ha tramitado contra Botín y varios directivos del Santander, puesto que ya concluyó el caso de las cesiones de crédito, en el que también actúa en contra del criterio del fiscal. No obstante, debido a la complejidad de este último proceso, casi con seguridad, el juicio del caso por las bonificaciones percibidas por Amusátegui y Corcóstegui tras la fusión del Santander y el Central Hispano se celebrará antes.

El caso se inició en noviembre de 2002, cuando la juez Palacios admitió a trámite una querella por delito societario presentada por el abogado Francisco Franco Otegui, contra Botín y Amusátegui, a los que acusaba de disponer fraudulentamente de 43,7 millones de euros, en perjuicio de los accionistas, para compensar a Amusátegui su salida del banco.

En marzo de 2003, la magistrada acumuló una denuncia en la que se acusaba al propio Botín y al ex vicepresidente Ángel Corcóste-gui de otro delito societario, consistente en que este último habría percibido más de 110 millones de euros en concepto de prejubilación y jubilación.