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El fiscal no recurrirá la sentencia que condenó a 11 jueces del Constitucional

La Junta de Fiscales, convocada por Cardenal, vota contra el amparo

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, desistió ayer de presentar un recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al presidente y a 10 magistrados del Tribunal Constitucional a indemnizar a un abogado. En contra de las previsiones, 10 de los 15 integrantes de la Junta de Fiscales de Sala se pronunciaron en contra de presentar un recurso promovido por el fiscal ante el Constitucional, que apoyaba Cardenal.

La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, el estado mayor de la carrera fiscal, se opuso, por mayoría de dos tercios, a presentar un recurso de amparo en un asunto que ha vuelto a dejar al descubierto las profundas desavenencias entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y en el que el Ministerio Fiscal ni siquiera ha sido parte procesal.

El resultado de la Junta cogió por sorpresa a sus promotores, el fiscal general, Jesús Cardenal, que la convocó y el fiscal jefe ante el Constitucional, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, que el pasado martes había preparado un recurso de amparo de 22 folios que esperaba presentar ayer mismo, puesto que el plazo vence hoy. Conocido el resultado de la Junta, Cardenal no anunció de inmediato su decisión de desistir del recurso, sino que dijo a los fiscales que se tomaría algunas horas para meditar su decisión. A media tarde informó a los medios a través de una nota de prensa.

Los fiscales opusieron en principio razones de legalidad, y expresaron puntualmente sus dudas sobre la "falta de legitimación" del Ministerio Fiscal para personarse en un procedimiento en el que ni siquiera han sido parte.

Pero fueron sobre todo razones de oportunidad -no meterse en una pelea entre los dos más altos tribunales de la nación- lo que decantó a la mayoría a favor de no intervenir con un recurso difícil de sustentar. Principalmente porque en el conflicto entre el Supremo y el Constitucional no se han lesionado derechos fundamentales, de los que son titulares las personas, no las instituciones.

Votaron a favor del recurso su promotor, Ortiz Úrculo, secundado por Rafael Valero, jefe de la Inspección, los fiscales de lo Penal Eduardo Torres-Dulce y Luis Navajas y el fiscal del Tribunal de Cuentas Juan José Barrenechea.

En contra del recurso se pronunciaron el Teniente Fiscal, José María Luzón, el fiscal de Relaciones Internacionales, Juan José Martínez Zato; el fiscal de la Sala de lo Civil, Jesús Bernal; el de la Sala de lo Social, Juan José Martín Casallo; el Fiscal Togado, José Espinosa Carmona; el fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño; el fiscal Antidroga, José Ramón López-Fando; el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas; el jefe de la Secretaría Técnica, Manuel Marchena y la fiscal destinada en lo Penal, Pilar Valcárcel. No asistió el fiscal de la Sala de lo Militar, Fernando Herrero, por estar de viaje, y participó con voz, pero sin voto, al estar ya jubilado, el fiscal de lo Contencioso, Rogelio Gómez Guillamón.

El recurso contra la sentencia de la Sala Civil que condenó a 11 magistrados constitucionales a indemnizar con 500 euros cada uno al abogado José Luis Mazón por no darle una respuesta motivada defendía que la Sala Civil del Supremo invadió competencias del Constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de febrero de 2004