"El mercado de la vivienda protegida da pie a pagos en dinero negro"

Barcelona

Carme Trilla es economista, especializada en vivienda. Empezó trabajando en la dirección de Arquitectura en 1984. Estuvo 14 años. En los últimos años ha trabajado como consultora privada. El consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà, la ha nombrado directora general de Vivienda. Desde este cargo, propone acabar con las trampas en la vivienda protegida y frenar las ayudas a la rehabilitación.

P. ¿Es usted consciente de que el área que usted gestiona es un grave problema social?

R. No puedo decir que no fuera consciente de que el asunto es complicado. Hace cuatro años veíamos que había población con problemas de acceso a la vivienda. Era poca. Ahora es mucha. También ha aumentado la población que queda excluida por marginación social. Hace cuatro años, la sobreocupación de viviendas sin condiciones de habitabilidad por una creciente población inmigrante era testimonial; hoy es un problema real. La fase expansionista, importante desde la perspectiva económica, ha tenido una secuela creciente de fractura social.

"Queremos incidir en la adjudicación de las viviendas protegidas. Públicas y privadas"

"La fase expansionista ha tenido una secuela creciente de fractura social"

P. Para combatir ese problema anuncian ustedes 42.000 nuevas viviendas.. ¿Cuánto cuesta?

R. Costará dinero, pero estamos convencidos de que podemos hacerlo. No son cifras de propaganda. El poco tiempo que llevamos aquí nos ha dado una información tremenda. Hay una gran oferta de municipios y entidades para construir vivienda de alquiler o social. La otra cara de la moneda es que el problema ya es tan grave que las administraciones públicas que se han dedicado habitualmente al mundo de la vivienda o incluso entidades que no lo hacían, como las cajas, han visto que es una responsabilidad entrar en este ámbito.

P. ¿Los problemas son iguales en todo el territorio?

R. Los estudios de necesidades inmediatas nos muestran dónde actuar. Hay que ver si las posibilidades de suelo se adaptan a esas necesidades, y convencer a los ayuntamientos de que, a cambio de ventajas desde el Incasol, deben hacer un esfuerzo y obtener suelo del sector privado para vivienda protegida de construcción privada, sin descartar la actuación del propio Incasol generando nuevo suelo en el ámbito metropolitano.

P. ¿El área metropolitana es el punto más débil?

R. Sin duda, y también en volumen de necesidades. Pero hay otros puntos con problemas, en general asociados a zonas urbanas., como Girona y Tarragona, aunque numéricamente no es comparable con lo que ocurre en el entorno metropolitano, donde hay mucha población y el precio del suelo está más desbocado. Esto exige hacer un gran esfuerzo y dedicar muchos recursos.

P. El consejero Milà dice que piensa controlar la compraventa de vivienda protegida.

R. La persona que se hace con la vivienda tiene derecho a adquirirla, pero no a beneficiarse de una plusvalía a corto plazo. Esto da pie, está pasando, a pagos en dinero negro por estas viviendas. Hay mucha trampa en este mercado. La ley de la vivienda tiene que acabar con ellas. El propietario no debe perder el derecho a vender, pero tampoco debe tener derecho a especular. Queremos incidir también en la adjudicación de las viviendas protegidas. Públicas y privadas. Pretendemos que haya una lista única de solicitudes y que el sector público intervenga en la adjudicación. Hay que evitar que la vivienda protegida sea vendida a conocidos de los promotores. Seguro que cumplen los requisitos, pero puede haber pactos ocultos que no controlamos. Con eso sólo se acaba si interviene la Administración en la adjudicación y si se establece el derecho de retracto para la primera compraventa.

P. Ya existe.

R. Pero no se ejerce. Y hacerlo no resulta caro. No hace falta comprar. Se trata de hacer una lista de compradores y la Administración se limita a hacer de intermediario. Queremos implantar este mecanismo.

P. ¿Y la rehabilitación?

R. Ha crecido mucho. Excesivamente. Probablemente tendremos que poner freno y revisar una política de ayudas que ha sido muy indiscriminada. Ahora se da muy poco dinero a mucha gente, y esto supone un coste administrativo excesivo. Hemos de ir a la rehabilitación por objetivos. Ya hay una cultura de rehabilitar, no es necesario estimularla. Ahora hay que afrontar los s problemas graves: campañas de ascensores, de insonorización, de sostenibilidad energética, luchar contra la infravivienda. Esto es lo que plantearemos de inmediato.