Los estados candidatos se llevarán el 66% de los fondos para zonas más pobres de la UE

Los actuales países candidatos a integrarse en la Unión Europea (Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre en mayo próximo y, en 2007, Rumania y Bulgaria) se llevarán dos tercios de los 262.000 millones de euros que la Unión Europea dedicará a las zonas menos favorecidas de la Europa ampliada en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2013, lo que repercutirá negativamente sobre los Estados hoy más beneficiados en ese terreno (España, Grecia, Portugal, Alemania o Italia).

En contra de la pretensión de España, la Comisión Europea no propondrá ningún periodo de transición para Madrid si, como todo indica, pierde su derecho a percibir el Fondo de Cohesión.

El tercer informe sobre la cohesión económica y social en la UE, que el Ejecutivo comunitario presentará mañana, señala que la ampliación supone "un desafío sin precedentes" para la competitividad y la cohesión interna en la Unión Europea. Las disparidades internas, destaca, "se duplicarán" mientras el producto interior bruto (PIB) medio por habitante se reducirá un 12,5%. La UE verá aumentar su población total en 20 millones de personas, pero sólo incrementará su PIB en el 4,9%. Por ello, la distribución de las ayudas europeas destinadas a limar esas disparidades se encaminará fundamentalmente a los nuevos Estados.

El documento propone crear tres grandes capítulos presupuestarios de ayudas: Convergencia, Competitividad y Cooperación Territorial. Para los tres se destinarán en total 336.000 millones. Un 78% de esa cantidad (262.000) irá para regiones objetivo 1 (con una renta por habitante por debajo del 75% de la media europea, como Andalucía y Extremadura), objetivo 1-bis (las que superen ese porcentaje por haberse incorporado zonas menos desarrolladas, como será el caso de Asturias o Murcia, que se repartirán 22.000 millones entre 18 regiones) y Fondo de Cohesión (para países con una renta por habitante inferior al 90% de la media europea).

Al segundo capítulo (Competitividad), dedicará la UE el 18% de las ayudas (unos 60.000 millones) y será destinado a regiones que hayan superado el 75% de la media europea pero necesiten mayor impulso en su desarrollo. Sólo podrán ser sufragados con este fondo programas relacionados con "innovación y economía del conocimiento, medio ambiente y prevención de riesgos, accesibilidad y servicios de interés económico general". No se trata, por tanto, de dinero que pueda ser empleado en construcción de autovías o grandes infraestructuras.

Al tercer capítulo (Cooperación Territorial) dedicará la UE el 4% de los fondos (13.500 millones) y el mismo incluirá programas y planes muy similares a los que el actual presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, ha expuesto para fomentar el desarrollo de una macrorregión que engloba áreas de España y Francia. "La Comisión propone", dice el informe, "que las regiones se responsabilicen a la hora de financiar la cooperación interregional dentro de sus programas regionales". "Para ello", añade, "los programas regionales debieran dedicar una parte a intercambios, cooperación y redes con regiones de otros Estados. A cambio, la Comisión facilitaría intercambios de experiencia y buenas prácticas entre las regiones y ciudades afectadas a través de redes apropiadas".

Reparto global

En el reparto global que mañana propondrá la Comisión Europea, España logra algunas ventajas que hace sólo tres años parecían muy difíciles de conseguir. Así, las regiones que saldrán del objetivo 1 por efecto estadístico (Asturias, Murcia y Ceuta y Melilla) recibirán en el periodo 2007-2013 el 75% (el primer año el 85% y luego irán perdiendo paulatinamente hasta llegar al 50% en 2013) de lo que les hubiera correspondido de continuar en el objetivo 1.

En cambio, la Comisión no tiene margen legal para proponer otro periodo de transición para España en el caso de que, como es posible, pierda su derecho al Fondo de Cohesión si, por efecto estadístico, supera el 90% de la renta media europea. El reglamento de ese fondo, del que ahora España se lleva el 62% de los 18.000 previstos para los Quince en el periodo 2000-2006, figura como anexo al Tratado y sólo lo pueden modificar los Estados. Por tanto, España tendrá que negociar con el resto de países la posibilidad de contar con ese periodo de transición.