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Reportaje:Elecciones 2004 Andalucía

El afán legislativo invade el turismo

La Junta ha aprobado en los últimos tres años nueve decretos para regular actividades turísticas y un plan general que prevé la inversión de 573 millones de euros hasta 2006

El dinamismo y la capacidad de crecimiento que en los últimos años ha mostrado la actividad turística no tienen parangón en ningún otro sector de la economía, si acaso en aquellos que están estrechamente ligados a ésta como la construcción. En 2003, el turismo andaluz completó una década de crecimiento constante, y si en los últimos ejercicios se han estrechado los márgenes, el sector entiende que las cosas no podían ser de otra forma y suele sacar pecho porque Andalucía no ha sufrido los retrocesos que sí han sido notorios en otros destinos nacionales e internacionales. "Hemos alcanzado resultados de una relevancia tal que nuestro sector turístico, a fecha de hoy, puede sentirse tremendamente esperanzado de cara al futuro, dada la solidez de las bases creadas", proclama el consejero de Turismo y Deportes, el andalucista Antonio Ortega. Y no se refiere el consejero sólo a las magnitudes económicas del sector, llenas de bonanza, sino al clima de paz social y a la gestión realizada desde la administración pública que ha procurado tomar todas sus decisiones en consenso con los empresarios y los trabajadores del sector.

Los ingresos han crecido un 14% desde 2000 gracias al tirón del mercado nacional
Ortega dice que los resultados conseguidos sientan "bases muy sólidas para el futuro"
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La producción directa del turismo representa el 14% del producto Interior Bruto andaluz y ascendió ya en el último ejercicio a 14.000 millones de euros, según la estimación de la Junta, un 14% más que en 2000. Si se tiene en cuenta la referencia de la anterior legislatura (1996-2000), los ingresos crecieron en ese periodo un 45%, pero, según los analistas, no es menos meritorio el balance de los últimos cuatro años, porque la coyuntura era muy diferente y porque los márgenes de crecimiento son lógicamente cada vez menores en términos porcentuales. Según el Sistema de Análisis y Estadística del Turismo en Andalucía (Saeta), superar los ingresos del año anterior "ya supone un éxito porque los riesgos e incertidumbres que se han ido planteando han hecho temer que no se cumplieran los objetivos planteados debido a la vulnerabilidad de este sector". Antonio Ortega resalta que "ha existido un proceso ininterrumpido de crecimiento a pesar de coyunturas difíciles provocada por las acciones del 11 de septiembre, la guerra de Irak, la neumonía asiática o el estancamiento económico de importantes países emisores del turismo".

La causa principal de que esta senda de crecimiento no se haya interrumpido se encuentra en el comportamiento del mercado nacional. Andalucía es el destino preferido de los viajeros españoles -uno de cada cinco-. Desde 1999, el contingente de turistas nacionales que llegan anualmente a la comunidad autónoma ha crecido un 37%, hasta los 12,2 millones contabilizados en 2003. Por el contrario, en ese periodo hubo una pérdida de 300.000 turistas extranjeros -9,3 millones llegó el año pasado- y si Andalucía no sufrió con el mismo rigor que Baleares o Canarias el estancamiento de las economías centroeuropeas es porque el principal mercado emisor es el británico, que no para de crecer, pero que impone nuevas tendencias que el sector debe tener en cuenta en el futuro inmediato para no perder competitividad como el auge de las compañías aéreas de bajo coste o la programación directa de las vacaciones por parte del consumidor a través de Internet al margen de la mediación de las agencias de viaje tradicionales.

Impulsada por esta situación de bonanza, ha habido una auténtica riada de inversiones hoteleras que incluso ha puesto en alarma al sector porque existe una evidente descompensación en los ritmos de crecimiento de la oferta y la demanda. El Registro de Alojamientos Turísticos de Andalucía tenía contabilizadas a 31 de diciembre de 2003 un total de 369.083 plazas (incluye hoteles, apartamentos, pensiones y campings), un 18,4% más que en 2000. Los empresarios han lanzado la voz de alerta porque una de las consecuencias es el continuo descenso en el grado medio de ocupación de plazas (52,2% en 2003) y temen que los establecimientos puedan perder rentabilidad.

Con un incuestionable protagonismo principal en el crecimiento económico, y conseguido además un reconocimiento social como nunca tuvo, el turismo se ha hecho notar también en los últimos años en la actividad parlamentaria y la legislatura que termina se ha caracterizado por una decidida intervención de la administración pública. Y no sólo de la administración. También el sector privado ha participado directamente de este impulso legislativo. Si cuando hace ocho años se inició el debate sobre la Ley del Turismo había una consideración muy extendida entre los empresarios de que la mejor ley para el sector es la que no existe, la patronal, que junto a los sindicatos y la Junta están representados en la Mesa del Turismo, ha intervenido en la redacción de los nueve decretos promulgados en la legislatura que termina.

El Parlamento Andaluz aprobó la Ley del Turismo de Andalucía el 15 de diciembre de 1999, a punto de terminar la legislatura anterior. Y en estos últimos cuatro años, el consejo de Gobierno ha aprobado nueve decretos para el desarrollo de la norma que regulan materias como el turismo rural y activo, las agencias de viaje, los guías de turismo, los municipios turísticos, las oficinas de información, la inspección, los campamentos de turismo y los establecimientos hoteleros -este último aprobado hace sólo una semana-. También se ha regulado el Consejo Andaluz de Turismo, órgano de concertación en el que están representados administración autonómica y local, empresarios, sindicatos, y organizaciones de consumidores y usuarios.

Además, en la legislatura que acaba, el Gobierno autonómico ha aprobado también el Plan General de Turismo, que contempla una inversiones de 573,65 millones de euros en los próximos cuatro años en distintos programas de adaptación y modernización de la oferta turística como señalización, mejora del entorno medioambiental y de playas o ayudas a la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas, aunque el capítulo más importante se destinará a la promoción, que absorbe más de la mitad del presupuesto total (291 millones de euros).

La gestión del PA al frente de Turismo ha provocado también ciertos recelos entre otros departamentos de la administración autonómica por el afán del consejero, Antonio Ortega, de intervenir también en asuntos no estrictamente de la competencia de su consejería, con el argumento de que tienen incidencia en la actividad turística. Es el caso por ejemplo del Plan para la Defensa del Litoral, un documento aprobado por la Mesa del Turismo y con el visto bueno de la FAMP que incluye actuaciones en ordenación del territorio y urbanismo.

Las ambiciones del consejero

Las ambiciones políticas del secretario general del Partido Andalucista, Antonio Ortega, y la situación interna del partido han marcado los tiempos y las estrategias en la gestión de la Consejería.

Ortega reemplazó a José Hurtado en febrero 2002 al frente de la Consejería de Turismo y Deportes por una polémica decisión de partido. Sin apenas proyección pública en la Consejería de Relaciones Institucionales, Ortega decidió cambiar de departamento una vez nombrado candidato andalucista a la presidencia de la Junta convencido de que tendría mayor conocimiento popular y relevancia pública. El PA además hizo que la Junta cambiara el organigrama protocolario de las consejerías, y que un departamento sectorial como Turismo figurara en segundo lugar del orden jerárquico tras Presidencia.

Ahora, el PA se propone que, en caso de reeditar el pacto de gobierno con el PSOE y de que mantuviera la Consejería de Turismo, ésta tenga un mayor peso en el Gobierno andaluz e incluso sea el departamento que coordine algunas políticas sectoriales de la Junta. La propuesta andalucista es crear una comisión delegada de asuntos de turismo, territorio, cultura y medio ambiente presidida por el titular de Turismo, que tendría rango de vicepresidente del Gobierno, y que coordinaría políticas de actuación en esas materias que tengan incidencia sobre la actividad turística. El PA argumenta que el Gobierno no tiene una "conciencia y sensibilidad colectiva" suficiente respecto a la que es la principal industria de Andalucía.

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