Las reformas legales han costado a la Junta de Andalucía 30 millones de euros
Justicia se queja de la falta de apoyo económico del ministerio
La aplicación y funcionamiento de las nuevas leyes sobre enjuiciamiento criminal, responsabilidad penal del menor y juicios rápidos, que entraron en vigor en los dos últimos años, ha supuesto un coste para Andalucía de 30 millones de euros. Este dato se incluye en el balance elaborado por la Consejería de Justicia, en el que se destaca que estas leyes se han puesto en marcha "sin ayuda alguna del Gobierno pese a que son estatales".
La memoria fue presentada esta semana por el nuevo consejero de Justicia, Jesús María Rodríguez, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, con el que se reunió en su primera visita institucional a Granada. Rodríguez destacó el gran esfuerzo inversor llevado a cabo por la Junta desde que asumiera competencias en materia de Justicia, al tiempo que criticó la "deslealtad" mostrada desde el Ministerio que dirige Jose María Michavila, que no ha permitido que los avances logrados en Andalucía hayan sido completos".
Según el balance, los presupuestos para el desarrollo de la Justicia han pasado de los 119,5 millones de euros en 1997 a los 280 millones para este año, lo que significa más que duplicar las cifras. De estos presupuestos, en 1997 se destinaron a la inversión un total de 8,7 millones de euros, mientras que este año se dedicarán a este apartado 62 millones.
En la memoria se señala que desde que se transfirieron las competencias se han creado, también sin la ayuda del Estado, 78 nuevos órganos judiciales, hasta alcanzar los 564, y se ha aumentado la plantilla judicial en 1.339 efectivos, un 30%, hasta los 6.371 funcionarios.
Destaca también el crecimiento y mejora que ha registrado la asistencia gratuita, de la que se han beneficiado en estos años 300.000 ciudadanos, con un aumento de las asistencias prestadas en 2003 del 130% respecto a 1998. Por otra parte, subraya la creación del Servicio de Asistencia a las Víctimas (SAVA), que desde su puesta en marcha en 1998 ha llevado a cabo cerca de 100.000 actuaciones en las que se han atendido a más de 11.500 personas. En el balance se hace mención al Plan de Infraestructuras, que supondrá una inversión de más de 500 millones de euros para equipar a Andalucía con más y modernas sedes judiciales, a través de más de 80 proyectos en 70 municipios.
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