La televisión sospechosa

El ciudadano sospecha de la televisión. La necesita, la consume más de tres horas diarias, pero recela. Una reciente encuesta del Consejo del Audiovisual (CAC) indicaba que el 58% de los catalanes piensa que no hay imparcialidad política. Paradójicamente, apenas el 8% consideraba "escasa" la calidad de los informativos. Es decir, no se duda de los profesionales cuando administran la información, de lo que se duda es de que siempre puedan ser ellos los administradores, particularmente cuando se trata de asuntos políticos. De hecho, durante los 15 días de campaña la vigilancia de los medios públicos se extrema y desde que se convocan las elecciones, la autoridad en esta materia deja de ser el CAC para pasar a la Junta Electoral. Pero las artimañas propagandísticas acostumbran a hacerse en el periodo de precampaña, cuando los medios no están sometidos a tantas alertas y, en cierto modo, es un momento tan o más eficaz como la quincena electoral. De ahí, por ejemplo, el subidón de anuncios sobre las últimas maravillas del Gobierno saliente o de libros biográficos sobre los candidatos que como tales pueden merecer la noticia de la presentación e incluso publicidad pagada, en un país donde la compra de espacios publicitarios electorales está prohibida. De hecho, en Estados Unidos, los expertos están convencidos de que quien lleva la delantera en septiembre gana en noviembre salvo catástrofes imprevistas; el sprint final resulta un tanto irrelevante.

En vísperas electorales, las televisiones públicas han estado tradicionalmente expropiadas de la autoridad informativa sobre la campaña, se les marcan los tiempos, el orden y, por poco que se dejen, los contenidos. Los periodistas de estos medios han denunciado reiteradamente este sometimiento a las agendas de los partidos. Para esta cercana campaña, la primera de TV-3 sin Jordi Pujol en el Palau de la Generalitat, hay signos de alivio en esta presión. El Consejo de Administración de TV-3 ha aceptado que las cuotas de minutaje se computen globalmente y no en cada emisión. Por razones justificadas, los periodistas podrán alterar el orden de aparición informativa de los partidos, que sigue disciplinadamente el peso parlamentario de cada uno de ellos. Hasta ahora, este rigor en el orden de aparición suponía que el telespectador pudiera escuchar antes una réplica que la declaración que la causaba porque al partido replicante le tocaba salir en antena antes que el que había encendido la mecha. Además, se prohíbe cualquier información que no sea editada por la propia redacción y que no haya podido ser obtenida por ella para evitar el regalo informativo, envenenado, de cápsulas electorales producidas por los propios equipos de campaña de los partidos. Por último, se dan más segundos de los que les tocarían proporcionalmente a los partidos parlamentarios pequeños para que sean mínimamente visibles.

Es un primer paso positivo. Queda una tarea de mayor envergadura a la que se comprometieron los miembros del tripartito en la campaña de las autonómicas: cambiar el marco general que bloquee cualquier tentación de los gobernantes para entrometerse en el día a día de los medios públicos.

Hay tres medidas principales en este tema. Una afecta a todo el mapa comunicativo y, en particular, a las iniciativas mediáticas privadas. Se trata de quién concede las frecuencias para emitir. Esta facultad se la han reservado los gobiernos y es una herramienta obvia de castigo a los medios díscolos y de premio a los sumisos. Sería importante que lo hiciera una tercera instancia de manera transparente en los criterios. La segunda es modificar el calendario de elección del Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV). Éste coincide con cada legislatura. Escoger a personas relevantes en el sector para esta tarea es una de las primeras tareas del nuevo parlamento. Así se ajustan las mayorías del consejo a las del parlamento. Si el plazo de elección fuera, por ejemplo, de seis años, la renovación del mismo no se vería tan contaminada por los resultados electorales. Además, los partidos, en varios casos, han visto el sofá de consejero como una apetitosa colocación de cuadros sin empleo y, a pesar de que la norma exige profesionales cualificados... algunos han llegado a la desfachatez de enviar a su secretario de organización, una figura particularmente hábil en el manejo y control de colectivos. La tercera medida es quitar del Gobierno la total facultad de poner y disponer del director general del ente. Aunque el principio está claro, en este asunto hay distintas literaturas defendiendo el traslado de esta competencia a otra instancia: el parlamento, el CAC o el propio consejo. Los partidos del actual Gobierno catalán se comprometieron en la campaña autonómica a dar una respuesta. Sólo entonces será totalmente verdad lo de que TV-3 es la teva.

Cuando se habla de televisión pública, inevitablemente se mira a la BBC. Allí hay otro factor, además de los estatutarios que rigen su funcionamiento, para entender por qué el ciudadano británico la siente como propia. Y es que tiene muy claro que la paga. Aunque está a cargo de los presupuestos públicos, como en España, el ciudadano paga un canon por tenencia del televisor. Ello le da una mayor conciencia de ser propietario de su televisión. En España, donde los déficit demenciales de las emisoras públicas se enmascaran en el debe general de los presupuestos, el telespectador, salvo si es un sujeto de gran conciencia fiscal, puede pensar que la tele es gratis y que a caballo regalado no le mires el dentado.