Gallardón supedita su reforma de la M-30 a que Aguirre le allane los trámites

Que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cumpla o no uno de los compromisos estrella de su campaña -la reforma de la M-30 antes de 2007- puede depender de una decisión de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Si ésta obliga finalmente al Ayuntamiento a realizar un trámite previo, la declaración de impacto ambiental, "todo el proyecto se retrasará meses" y el gobierno municipal no garantiza que pueda cumplir su promesa a tiempo. Lo dijo ayer el vicealcalde, Manuel Cobo. Aguirre aún no ha tomado una decisión, pero, entretanto, le ha impuesto a la obra ocho "requisitos".

"Nosotros prometimos que toda la reforma de la M-30 estaría terminada en esta legislatura [que finaliza en 2007]. Pero lo hicimos contando con que no sería necesario hacer una declaración de impacto ambiental", admitió Cobo. "Si finalmente hay que hacerla, todo el proyecto se retrasará varios meses, y entonces será muy difícil cumplir los plazos". La declaración de impacto ambiental es un informe que realiza la Consejería de Medio Ambiente para analizar los daños contra la naturaleza o la afección al entorno que producen una obra o una infraestructura determinadas, y proponer, al tiempo, medidas que mitiguen esos daños.

El soterramiento parcial de la M-30 que prometió Gallardón en campaña pasa, en un tramo de cinco kilómetros, bajo el río Manzanares y junto a la Casa de Campo. Pero el gobierno municipal insiste en que, aun así, no es necesaria la declaración de impacto. "El proyecto de obra va a incluir todas las medidas precisas para preservar el medio ambiente. Eso no cambia. Simplemente, no creemos que sea necesario perder meses en hacer un informe sobre la afección de la obra. Hay que acelerar los trámites", dijo ayer Cobo.

La Ley de Evaluación Ambiental, aprobada en junio de 2002, obliga a que las infraestructuras de transporte cuenten con ese informe de Medio Ambiente, pero también establece la posibilidad de "eximir" de esa obligación en ciertos casos. Acogiéndose a esa posibilidad, el alcalde Gallardón cursó el pasado octubre, cuando también era presidente del Gobierno regional, una petición del Ayuntamiento a la Comunidad para que ésta le eximiese de realizar la declaración de impacto. Pero la que debe tomar esa decisión es la nueva presidenta, Esperanza Aguirre.

Ocho requisitos

Y Aguirre respondió ayer en el pleno de la Asamblea de Madrid a preguntas del portavoz de IU, Fausto Fernández. No desveló aún si va a obligar al alcalde a esperar a la declaración de impacto -"lo que sí aseguro es que no burlaremos la ley", dijo-, pero sí adelantó que le va a imponer a Gallardón ocho requisitos para hacer esa macroobra que pretende. Y los requisitos son tan ambiciosos que, aunque no equivalgan a un informe oficial de Medio Ambiente, con periodo de información pública y alegaciones incluidas, es casi seguro que retrasarán los plazos de la obra.

Primero, el Ayuntamiento estará obligado a explicar qué medidas va a tomar para salvaguardar el patrimonio histórico; además, tendrá que realizar "estudios hidrogeológicos para valorar el impacto del proyecto en el sistema hidrogeológico de la zona afectada", así como un "estudio detallado de los movimientos de tierra" y otro sobre las "alteraciones de tráfico que habrá que llevar a cabo". El quinto requisito es presentar un informe sobre la "ubicación que tendrán las instalaciones auxiliares" que se van a usar durante la obra; el sexto, elaborar un mapa acústico de la zona afectada; el séptimo, realizar un "proyecto de reforestación, revegetación y adecuación paisajística". Y, por último, el Ayuntamiento tendrá que proponer "medidas preventivas y de control de los gases contaminantes en las galerías de obra".

Aguirre está aún pensando si a estos ocho requisitos suma la obligación de someter la obra a una declaración de impacto, aunque no es probable, porque dicho informe ya incluiría todos esos estudios que ayer reclamó del Ayuntamiento. En cualquier caso, la oposición municipal se ha adelantado e intenta conseguir que otras instituciones presionen a la Comunidad para que "cumpla la ley".

El PSOE ha preguntado a la Unión Europea si está al tanto de la situación de esta obra, y le ha emplazado a "recabar información a las autoridades españolas competentes" y "tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria". Izquierda Unida, por su parte, ha acudido a la Fiscalía de Medio Ambiente y le ha pedido que "exija" al Ayuntamiento el preceptivo estudio de impacto antes de empezar las obras de enterramiento de la carretera de circunvalación.

"Esa obra va a modificar áreas sensibles a los cambios ambientales, como la Casa de Campo, el parque de la Cuña Verde de Latina, el parque de San Isidro o el río Manzanares", recordaba esta semana la portavoz de IU, Inés Sabanés.

El gobierno municipal había previsto iniciar las obras de reforma de la M-30 -que incluye el enterramiento de más de un tercio de sus 32 kilómetros de trazado- el próximo septiembre. Antes de empezar a excavar tienen que pasar varias cosas: primero, conseguir la titularidad de la vía, que es propiedad del Ministerio de Fomento. Ruiz-Gallardón había prometido que eso sucedería "antes de finales de 2003", pero aún está negociando con el Gobierno central cuánto dinero acompañará a ese traspaso. Después debe sacar a concurso el proyecto, adjudicarlo y ponerlo en marcha. Y la Concejalía de Hacienda aún no ha dicho de dónde va a salir el dinero para pagar los 3.500 millones de euros que, aproximadamente, costará toda la reforma.