El juez absuelve a 50 'okupas' acusados de desórdenes en el desalojo de una fábrica de La Guindalera, en 1997

El desalojo de los okupas que usaban como centro social la antigua fábrica de Confecciones Almudena en Marqués de Ahumada, 7 (Salamanca) se saldó, el 10 de marzo de 1997, con 158 jóvenes detenidos. Fueron acusados de usurpación de vivienda (así tipifica el Código Penal la okupación), de desórdenes públicos y de resistencia a la autoridad. Ese mismo año el Juzgado de instrucción número 15 eximió a todos del delito de usurpación. Ayer, siete años después, el Juzgado 8 de lo Penal ha absuelto a los 50 acusados de desórdenes públicos, porque no ha quedado acreditado que fueran los autores de los actos vandálicos cometidos (apedreamiento de sucursales bancarias y vehículos, quema de contenedores y ataques a la policía).

La juez, en su fallo absolutorio, considera acreditado que el día del desalojo "se produjo una grave alteración del orden público" cuya finalidad "era la de atentar contra la paz pública". Pero matiza que el problema "no es demostrar la existencia del delito, sino probar la participación de los acusados en los incidentes". Indica, además, que los agentes que formaron parte del dispositivo policial no supieron identificar a los autores de los desórdenes cuando declararon como testigos. El fiscal había pedido seis meses de prisión para cada uno de los 50 imputados.

Endika Zulueta, abogado de los acusados, considera que se ha dictado "una sentencia justa que refleja la injusticia cometida por la Delegación del Gobierno en marzo de 1997 en una acción policial que intentaba dar un escarmiento a lo que se consideraba entonces la vanguardia del movimiento de okupación".

La actuación policial durante el desalojo de la fábrica del barrio de La Guindalera, que llevaba 15 años cerrada y en manos del Fondo de Garantía de Depósitos, fue tachada de "abusiva" por grupos sociales y de la oposición. Los 158 detenidos, tras pasar dos noches en comisaría, presentaron una denuncia por malos tratos que fue archivada. El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, tuvo que dar explicaciones de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados.