Siete comunidades socialistas reclaman a Zaplana una reunión porque detectan recortes en política social

El destino y las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado de este año para partidas sociales preocupa seriamente a siete comunidades gobernadas por socialistas, solos o en coalición, que quieren aclaraciones directas del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana. Así, de manera concertada, los consejeros de Asuntos Sociales de los Gobiernos de Cataluña, Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria se han dirigido al ministro por carta para pedirle la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.

Desde el ministerio se ha asegurado a este periódico que esas comunidades tendrán respuesta en breve y que en muy pocos días se convocará esa reunión. Los consejeros sugieren un orden del día, y desde el ministerio se asegura que lo tendrán en cuenta, pero habrá más temas.

Los socialistas quieren conocer, y en esto cuentan con el apoyo y el impulso de la responsable de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, el contenido de las modificaciones del acuerdo sectorial sobre los recursos destinados al plan concertado con los ayuntamientos y piden algunas aclaraciones sobre el programa de cuidadores familiares para mayores. Tanto Consuelo Rumí como los consejeros socialistas estiman que en los actuales presupuestos el Gobierno "detrae seis millones y medio de euros, destinados en principio a actuaciones de los ayuntamientos, para asignarlos a otras partidas muy generales, que gestiona directamente".

El ministerio de Trabajo, entre tanto, asegura que cinco millones de euros, de los citados por las siete autonomías como perdidos, se destinarán a construcción de centros de mayores, y un millón más para actos de ONG en el Año Internacional de la Familia.

La preocupación es evidente en el consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, porque en los últimos años se observa una congelación de la partida del Estado, cuando el Plan Concertado para el Desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales nació y se concibió con aportaciones de las tres Administraciones: central, autonómica y local. Pérez Saldaña recuerda que sobre los ayuntamientos recaen ahora nuevas prestaciones derivadas de las demandas de los ciudadanos. Son los ayuntamientos los que tienen que gestionar los recursos del Plan Concertado.

La primera voz de alarma la dio el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez Navarro, que denunció el cambio de partidas en el paso de los Presupuestos del Congreso al Senado. Este responsable incluso acusó de utilizar esas partidas para campañas de publicidad.

El PSOE no quiere entrar en esa acusación, pero sí expresa la misma preocupación por la pérdida de dinero.