Un informe de la UB denuncia la indefensión jurídica de los 'sin papeles'

Sin garantías judiciales. Así están los extranjeros que son detenidos en Cataluña y que ingresan en centros de internamiento como el de la Verneda, en Barcelona, antes de su expulsión. Esa conclusión se recoge en el primer informe sobre esta cuestión redactado por el Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y presentado ayer.

La explicación a esta situación, según el estudio, es la pasividad de los jueces y los abogados defensores cuando han de abordar una cuestión de estas características. Así, en una encuesta que se realizó a 27 jueces de instrucción, 19 de ellos reconocieron que no controlan que el internamiento de un inmigrante no dure más de 40 días porque confían en que lo haga la Administración.

Los abogados tampoco salen bien parados. El 80% de los que se ocupan del asunto penal que afecta al extranjero reconocen que después se desentienden del procedimiento de expulsión porque consideran que esa cuestión excede de las competencias del turno de oficio.

Hector Silveira, uno de los autores del informe, explicó ayer que el ordenamiento jurídico español no garantiza la tutela judicial efectiva para estos inmigrantes "por el simple hecho de ser quienes son".