La policía acosa a todas las personas con aspecto checheno tras el atentado de Moscú

Malos tiempos se avecinan para los ciudadanos rusos de aspecto meridional y no empadronados en Moscú. La consecuencia inmediata del atentado del viernes en el metro de la capital será un endurecimiento de las medidas de seguridad, entendidas como controles sobre los forasteros. Un total de 115 personas, de las que 39 estaban graves y cuatro extremadamente graves, seguían hospitalizadas ayer, mientras la cifra oficial de muertos se mantenía en 39. Estos datos eran puestos en duda por el diario Kommersant, según el cual el número de víctimas es por lo menos de un centenar.

Un diario ruso dice que hubo al menos 100 víctimas mortales en el atentado suicida

Evacuados fueron "unos 60 cadáveres enteros y otros tantos destrozados", habría dicho al periódico un enfermero participante en las tareas de salvamento. Un funcionario del Servicio Federal de Seguridad (SFS), por su parte, señaló que el número exacto de muertos no se sabrá antes de una semana, cuando se logre identificar a todas las víctimas. Hasta ayer, se había averiguado la identidad de 20 de los 39 cadáveres, según los datos oficiales.

El terrorismo fue el tema central de la reunión que el presidente Vladímir Putin celebró ayer con el jefe del Gobierno y algunos ministros, entre ellos los responsables de orden público y seguridad. De la investigación ha sido encargado el SFS, y concretamente el vicejefe a cargo de la lucha antiterrorista. Los separatistas chechenos son tratados como los principales sospechosos. Kommersant atribuía el atentado al guerrillero radical Shamil Basáiev. Aslán Masjádov, el líder separatista legitimado por unas elecciones en 1997, ha desmentido su participación en el acto terrorista, con el cual le ha vinculado el presidente Putin.

El alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, dijo ayer que la explosión del tren había sido provocada por un artefacto sostenido, en una maleta o cartera, a 50 centímetros del suelo. La línea de metro donde ocurrió la tragedia funcionaba ayer con normalidad. Varios agentes de policía con un perro vigilaban la entrada a la estación de Avtozavódskaya y otros hacían guardia en los andenes, donde los moscovitas depositaban flores. El despliegue no era especialmente llamativo en relación a los controles habituales de los últimos años, pero una mirada atenta podía advertir numerosos hombres jóvenes con el cabello muy corto y de paisano, que seguían los movimientos de los pasajeros. Circulando por el lugar del atentado los viajeros leían o conversaban tranquilamente y transportaban objetos tan variopintos como un violonchelo en su funda, un colchón infantil o grandes cajas de cartón.

El alcalde de Moscú anunció ayer que se había tomado la decisión de expulsar a todos los "visitantes ilegales de la capital" y de "endurecer las normas de empadronamiento". Luzhkov aseguró que "todo se hará en el marco de la legalidad estatal y municipal". Sin embargo, la experiencia invita al escepticismo, entre otras cosas porque la capital trata como "emigrantes ilegales" a los ciudadanos rusos forasteros, especialmente si proceden del Cáucaso. La comunidad de origen checheno residente en la capital fue objeto de arbitrariedades policiales tras las explosiones de dos bloques de viviendas en otoño de 1999 y después del secuestro de rehenes en un teatro de Moscú en octubre de 2002.

En la práctica, las autoridades moscovitas hacen caso omiso de las decisiones del Tribunal Constitucional, y deciden a su antojo sobre el empadronamiento, que, en Rusia, es en teoría un derecho y un deber de los ciudadanos, pero no una facultad arbitraria del municipio. Grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado la corrupción que florece en torno a los certificados de empadronamiento. Luzhkov dijo ayer que en 2003 se habían expulsado de Moscú 35.000 "emigrantes ilegales".

En los accesos a la capital se establecieron controles policiales que ayer sólo permitían el paso a los conductores que mostraban el sello de empadronamiento en la ciudad, según la emisora el Eco de Moscú. En la región de Stávropol, en el sur de Rusia, se cerraron ayer temporalmente todos los mercados para hacer una inspección y adoptar nuevas medidas de seguridad.

Por otra parte, parientes de fallecidos en la operación de salvamento de los rehenes en octubre de 2002 dirigieron una carta abierta a Putin, según el noticiero Grani.ru. Ni el Gobierno de Rusia ni el municipio quisieron sacar conclusiones de la crisis de los rehenes, afirmaban los firmantes, según los cuales Putin repartió entonces "órdenes y medallas por la brillante operación mientras las víctimas de la tragedia eran frívolamente contabilizadas como bajas normales". "Nadie ha sido castigado por la desorganización en el salvamento de la gente. No se ha incoado ni un solo expediente criminal contra los funcionarios que permitieron ese abuso", señalaban.

Los moscovitas expresaban ayer su solidaridad con las víctimas del atentado acudiendo masivamente a los puntos de donación de sangre que se instalaron en la capital.