El jefe de la Inspección destituido rechazó llegar a un acuerdo con la Diputación

El máximo responsable de la Inspección Fiscal en Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, destituido por la Diputación el pasado jueves, rechazó un acuerdo con sus superiores para resolver la crisis creada por su imputación en tres delitos tras la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes próximas a Ibarra señalaron ayer que, antes de tomar su decisión, los máximos responsables forales mantuvieron contactos con el jefe de la Inspección fiscal sin llegar a un consenso.

Un portavoz oficial de la Diputación negó este extremo y afirmó que el único planteamiento hecho a Ibarra fue su cese, lo que se le comunicó el mismo jueves, "y aceptó la situación. Dijo que más tarde o más temprano pasaría eso".

La destitución no ha conllevado, en cambio, la apertura de un expediente disciplinario, lo que ha causado extrañeza en medios forales. "Si se le cesa por que han visto algo grave, lo lógico es abrir un expediente", indicaron estas fuentes. El portavoz de la Diputación sostuvo que "por el momento" no se ha realizado este trámite disciplinario.

Ibarra, quien está citado a declarar en el juzgado bilbaíno que tramita la causa el día 18, está imputado en tres presuntos delitos: prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), falsedad en documento público e infidelidad en su custodia.

La Diputación no tomó hasta el jueves ninguna medida contra el inspector, aunque fue acusado hace casi dos meses por la Fiscalía Anticorrupción por presunto trato a favor a un centenar de contribuyentes. Los responsables forales insistieron ayer en que la destitución de Ibarra se ha producido tras su primer estudio de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, que a mediados de enero admitió a trámite la denuncia presentada por Anticorrupción. Las diligencias superan los 30.000 folios. La Diputación no ha aclarado qué datos de las diligencias le han hecho cambiar de opinión.

El ya ex jefe de Inspección gozaba de gran poder en la Diputación, hasta el punto de que solía afirmar que rendía cuentas a instancias "superiores" a los responsables forales. Durante la anterior legislatura mantuvo "malas" relaciones, según los medios consultados, con el entonces director de la Hacienda vizcaína, Javier Muguruza, quien alertó de posibles irregularidades en su labor, como el bloqueo de programas informáticos por Ibarra para que nadie pudiese acceder a los expedientes tributarios de determinadas empresas.

El diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, comparecerá en Juntas para explicar lo ocurrido probablemente el próximo viernes, aunque está pendiente la decisión de la presidenta del Legilastivo foral. Iruarrizaga acudió ayer a las Juntas para informar en la comisión correspondiente, a petición del PP, de los planes de su departamento, comparecencia que finalmente se suspendió.

La presidenta de la comisión de Hacienda, la peneuvista Irene Pardo, rechazó someter a votación una petición del PP para que Iruarrizaga ofreciera ayer mismo la información disponible. Ante ello, los populares retiraron su petición sobre los planes de Hacienda, con lo que finalizó la sesión. "La presidenta ha negado el debate, lo que interesa a los vizcaínos de lo que ocurre en la Hacienda", recalcó el popular Gonzalo Zorrilla.

El socialista Josu Montalbán consideró "torpe" la actitud de la presidenta, al sumar PNV y EA mayoría. El PSE volvió a solicitar que se cree en las Juntas una comisión de investigación y pedirá que comparezca el diputado general, José Luis Bilbao, porque "está en juego toda la gestión de la Diputación".