El consejero Milà quiere impugnar el PHN ante el Constitucional

El consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà (ICV-EUiA), ha encargado al Consejo Consultivo de la Generalitat un informe que avale la denuncia del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que estudia presentar ante el Tribunal Constitucional. Milà quiere impugnar las modificaciones que sufrió el PHN a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004 ya que, según explicó ayer el diputado socialista y alcalde de Tortosa, Joan Sabaté, no se corresponde con la directiva marco de aguas de la Unión Europea. "Hoy por hoy, la legislación española no cumple la europea", señaló.

La normativa rechaza las transferencias de agua de unas zonas a otras, y eso es precisamente lo que dispone el PHN. Milà ya ha manifestado que esta trasposición de la directiva europea a la legislación española vulnera, además, competencias de la Generalitat, puesto que el Gobierno catalán es competente a través de la Agencia Catalana del Agua en materia hídrica.

Milà aseguró que trasladarán a Bruselas los incumplimientos de la directiva europea. "Y si hace falta", añadió, "al tribunal de Estrasburgo". Estas acciones legales se sumarían al recurso que ya presentó el Gobierno de CiU contra la declaración de impacto ambiental del PHN.

Por otra parte, tras las expropiaciones en Vinaroz (Castellón) y unas primeras catas geológicas en Ulldecona, las obras del trasvase del Ebro han llegado a Tortosa, corazón de la zona y capital de la oposición social al PHN. Su alcalde, Joan Sabaté (PSC), confirmó ayer que varios vecinos han recibido una notificación de Trasagua, la empresa gestora del PHN, por la que se les advierte de que de forma inminente sus fincas serán ocupadas por técnicos y máquinas para unas prospecciones geológicas previas a la construcción del ramal norte del trasvase, el que debe llevar agua del Ebro a Barcelona.

Los servicios jurídicos de la Generalitat defienden que las prospecciones geológicas no están incluidas en el PHN y, por tanto, no se las puede considerar obras de "interés general" como pretende Trasagua. El Ayuntamiento de Tortosa ha creado una comisión de seguimiento para proporcionar asesoramiento legal a los afectados.