El Tribunal de Cuentas sanciona que el Gobierno incumplió su obligación de presentar los presupuestos de 2001
El Gobierno incumplió su obligación legal de presentar un proyecto de presupuestos para el año 2001, según sanciona el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el informe de fiscalización de ese ejercicio que ayer hizo público. El Ejecutivo funcionó ese año con el presupuesto de 2000 prorrogado. En su momento, el Tribunal ya recordó al Gobierno su obligación de llevar al Parlamento un proyecto de cuentas, pero la situación de minoría en que se hallaba el Gabinete le llevó a prorrogarlas otro año.
La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, no tardó ayer en replicar al organismo auditor. Según Azkarate, la decisión de no presentar el proyecto de presupuestos para el año 2001 fue de carácter "político" y, por lo tanto, la única institución que puede fiscalizar esa postura es el Parlamento y no el tribunal. Azkarate recordó que, en su momento, el Parlamento ya rechazó una petición del PSE en la que instaba a pedir al Tribunal de Cuentas su opinión oficial sobre la posición del Ejecutivo.
El informe de fiscalización advierte de que en el presupuesto prorrogado se han incluido de manera "indebida" partidas para créditos del año 2001 y para ejercicios futuros por importe de 75 y 16 millones de euros, respectivamente.
Otra irregularidad apreciada es la convalidación de operaciones por valor de 10 millones de euros que previamente habían sido "informadas negativamente" por la Oficina de Control Económico. El tribunal también critica el incumplimiento por parte del Ejecutivo de la Ley de Patrimonio, al no detallar de manera individualizada una serie de bienes por importe de 770 millones de euros en el inventario de bienes y derechos.
La falta de presentación del balance y cuenta de resultados, así como diversos errores de contabilización y las subvenciones a la Fundación Azti (1,1 millones) y a un grupo de ikastolas (1,8 millones) también son criticadas por el órgano fiscalizador.
A pesar de estas irregularidades, el Tribunal de Cuentas "opina positivamente" sobre la actuación del Ejecutivo autónomo en su conjunto.
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