PP e IU dejan sin justificar un millón de euros en gastos electorales

La Cámara de Cuentas ha auscultado los gastos electorales de los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en los comicios del 25 de mayo, y no ve muy claros los números del PP y de IU. Los auditores públicos recuerdan que los proveedores del PP no han presentado facturas por valor de más de 800.000 euros, mientras que a IU le faltan por justificar otros 100.000. El PSOE, en cambio, ha detallado hasta el último euro. La Cámara, aunque no ve necesario retirar la subvención al PP y a IU por esas irregularidades, reclama una modificación legal que determine qué hacer.

La Cámara de Cuentas -en la que hay consejeros de los tres partidos, con mayoría del PP- admite que las "operaciones [de las tres formaciones] han sido debidamente contabilizadas", que ninguna ha recibido aportaciones de personas físicas o jurídicas superiores a 6.000 euros, ni se han presentado a las elecciones con "aportaciones de fondos procedentes de entidades o personas extranjeras", todos ellos extremos prohibidos por la Ley Orgánica de Régimen Electoral. El PP gastó en las pasadas elecciones 1,48 millones de euros; el PSOE, 1,1 millones, e IU, 387.000 euros.

Pero en su análisis de las cuentas del PP, la Cámara explica que la entidad financiera que prestó el dinero "no ha remitido la información" necesaria que establece la ley y, además, hay 16 proveedores que han facturado por importes superiores a los 6.000 euros que tampoco lo han hecho. En total, siempre según los auditores, hay 810.000 euros sin justificar. Entre las empresas se encuentra una multinacional de la publicidad (626.254 euros) y la Empresa Municipal Campo de las Naciones (38.365 euros), recinto donde el PP cerró su campaña.

EL PSOE, por contra, ha cumplido con notable alto sus deberes con la Cámara de Cuentas. Pero los auditores no han puesto sobresaliente a los socialistas por dos borrones: los pagos menores se realizaron mediante una "caja constituida al efecto" y en ella quedaron 3.825 euros que fueron traspasados a la "tesorería ordinaria", algo que no permite la legislación. Por contra, el banco que les concedió el crédito electoral sí dio la información requerida, al igual que todos los pequeños proveedores.

La situación contable de IU es muy diferente. Los auditores afirman que la coalición gastó más de 30.000 euros de forma irregular. De esta cantidad, 28.500 euros no tienen justificantes o son escasos, mientras que otros 2.200 euros se justificaron fuera de plazo. Además, IU contabilizó gastos por arrendamientos de locales y equipos, que no se detallaron, por importe de 17.700 euros, "importe que no coincide con las notas de cargo presentadas". Y tampoco "ha remitido el contrato de alquiler, detalle de los bienes arrendados, así como la justificación de la titularidad [del inmueble], ni la presentación de fianza en metálico".

El 26 de marzo, IU libró un pagaré por importe de 10.000 euros a una empresa de publicidad, en concepto de "anticipo a cuenta de gastos electorales". La fecha de vencimiento era el 15 de mayo, "pero no consta que este efecto se haya pagado, por lo que se ha considerado mayor importe pendiente de pago". Tampoco figura en la factura ninguna referencia al pagaré.

La Cámara afirma que "al cierre de la contabilidad electoral [de IU] quedan saldos acreedores pendientes de pago por importe de 267.000 euros". Además, ocho proveedores facturaron por importes superiores a los 6.000 euros y no remitieron a la Cámara información.

La Cámara concluye que, aunque la ley establece que podrán reducirse o no adjudicar las subvenciones que legalmente le corresponden al PP y a IU, no hace falta ser tan tajante, pero que algo habrá que hacer. Por ello, pide que se establezca una "regulación precisa para los casos de incumplimiento".

Los auditores públicos confirman, no obstante, que los tres partidos "han cumplido el límite de gastos" permitido. La Ley 11/1986 establece que los partidos que se presentaban a las elecciones podían gastar un máximo de 2,2 millones. Esta cantidad se establece multiplicando por 0,41 euros el número de vecinos de derecho de la Comunidad (actualmente, 5,52 millones de habitantes). Tampoco las formaciones han superado el límite legal de gastos en publicidad (566.000 euros para cartelería y 453.000 en medios de comunicación).