El Consejo de la Abogacía pide a Múgica que recurra la Ley de Extranjería

El Consejo General de la Abogacía solicitó ayer al defensor del pueblo, Enrique Múgica, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley de Extranjería, modificada por el Gobierno del PP en noviembre de 2003.

El Consejo de la Abogacía elaboró un informe jurídico en base a la documentación remitida por varios colegios de abogados y las opiniones de nueve expertos en Derecho Civil, Constitucional y Filosofía del Derecho Internacional Privado y Público. Ese informe señala dudas sobre la constitucionalidad de nueve preceptos que afectan a garantías jurídicas en los procedimientos administrativos, devolución y expulsión de extranjeros, condiciones de los centros de internamiento de los inmigrantes y presentación de solicitudes sobre regularización.

Los abogados dudan que sea constitucional la regulación que hizo el Gobierno sobre la cesión a la Administración y a las Fuerzas de Seguridad del Estado de datos de carácter personal de los inmigrantes irregulares.

El artículo 66 de la nueva ley y su disposición adicional quinta establecen la obligación de los transportistas de remitir a las autoridades listados con los datos personales de los extranjeros que viajen a España (especialmente las identidades de los inmigrantes que no usen sus billetes de vuelta) y permiten a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Instituto Nacional de Estadística facilitar a Interior el acceso a sus datos confidenciales sobre inmigrantes, "sin que sea preciso el consentimiento de los interesados".

El Consejo General de la Abogacía entiende que estas novedades violan el artículo 18 de la Constitución (derecho al honor y a la intimidad), en particular el punto 4, que garantiza que la ley limitará el "uso de la informática a fin de evitar abusos en estos campos".

Aunque los juristas reconocen que este derecho puede ser limitado, aseguran que la redacción dada en la ley para ejercer estas restricciones es "abierta, incierta y genérica", lo que facilitaría que "en el fondo se permita cualquier limitación a este derecho".

El informe también denuncia la vaguedad de algunas justificaciones, como "a efectos de combatir la inmigración ilegal" o "cuando así lo determinen las autoridades", que no justifican, según señala, cercenar un derecho fundamental.