La juez da la razón al hombre que no compartió un 'cuponazo' de 6 millones

Tan cerca y a la vez tan lejos. Durante más de tres meses Antonio Lloreda ha tenido en sus manos un billete de la ONCE, el de la serie 22 del número 85646. Han sido 90 días de angustia hasta saber si 5.970.000 euros serían suyos. El obstáculo era la demanda que presentaron contra él 19 compañeros de la empresa Sintermetal de Ripollet. La juez ha decidido ahora que no cometió ningún delito, aunque ordena que el dinero siga retenido.

Lloreda, de 47 años y padre de dos hijos, siempre ha defendido que los casi seis millones de euros eran para él. Pero sus compañeros de fábrica, algunos de ellos amigos de la infancia, esgrimen que existía un pacto verbal según el cual el dinero de la serie tenía que repartirse entre todos.

Al final la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cerdanyola, Maria Antònia Coscollola, ha resuelto que sí, que Lloreda tiene derecho a tantos millones de euros, y ha archivado la denuncia por considerar que no se ha podido justificar que se cometiese un delito. Del mismo modo, la juez ha ordenado que se levante la medida cautelar de retención del pago del premio. Pero Lloreda aún no podrá tocar el dinero y tendrá que esperar un poco más.

La juez ha decidido que se haga efectivo el pago del premio, pero ordena que esa cantidad astronómica sea retenida en la cuenta bancaria del afortunado porque la otra parte del litigio, los 19 demandantes, no están de acuerdo y han decidido recurrir ante la Audiencia de Barcelona. Y por tanto, mientras la resolución judicial no sea firme, no se toca el dinero. La ONCE, según una portavoz, aún no ha recibido ninguna notificación oficial para pagar el premio.

Según el abogado de Lloreda, Francesc González, la investigación ha demostrado que su cliente "no tenía ningún pacto que le obligara a repartir el premio con nadie". Si la juez ha decidido dar la razón a Lloreda y no a los 19 demandantes, según el auto de sobreseimiento provisional, es porque "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa". O sea que no se ha podido demostrar que Lloreda se apropiase de algo que no era suyo ni que hubieran pactado que, tocara a quien tocara la serie, el premio se tenía que repartir.

Un caso diferente

La diferencia de este caso con otros que llegaron al Tribunal Constitucional es que ni tan siquiera se ha podido demostrar que Lloreda formara parte de una peña de jugadores. Él siempre ha defendido que el único pacto que tenía era con otro trabajador, Blas Landeria, con el que se intercambiaban los números. En los casos que acabaron en el Constitucional, los jueces ordenaron siempre repartir los premios entre los miembros de las peñas basándose en la existencia de un pacto verbal previo y de un contrato atípico de juego por el que hay que repartir el dinero al margen de quién posea físicamente el cupón de la serie premiada,

Para este trabajador de Sintermetal, una fábrica de piezas para el automóvil con más de 50 años de historia y muchos episodios de lucha sindical, estos tres meses no han sido fáciles. Según su hermano Ángel, Antonio ha tenido que irse de Ripollet, un pueblo de unos 30.000 habitantes en el que todo el mundo se conoce. Ya no podía más. "Hemos tenido que oír comentarios de todos los colores, insultos, calumnias, injurias. Incluso controlaban si la hija de 13 años iba al colegio o no. Han hecho mucho daño a la familia".

Ángel explica que la familia ha optado siempre por "callar y aguantar". "Tampoco podíamos hacer nada, excepto irnos cuando se hablaba de nosotros o volver la cara. Teníamos que esperar a que la justicia se pronunciase", añade. Ahora, según Ángel, la familia empieza a respirar tranquila. "Siempre le digo a mi hermano: 'Hay que ver con qué mala pata te ha tocado". Pero admite que si al final los jueces le dan la razón a su hermano, éste "podrá vivir muy bien toda la vida".