Los socialistas quieren evitar que el Instituto de Finanzas sea el banco del PP
El Grupo Socialista de las Cortes presentó ayer una propuesta de resolución que reclama un reglamento para el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para evitar que se convierta en "el banco del PP". El reglamento debería contener, según los socialistas, normas específicas en cuanto a la exigencia de garantías en la concesión de créditos, la concentración de riesgos, la regulación de las garantías prestadas y la tramitación administrativa, desde la formalización de la solicitud hasta la resolución, aprobatoria o denegatoria, del órgano competente.
Cristina Moreno, portavoz de Economía del PSPV, defendió la necesidad de un reglamento de estas características ante la "permanente opacidad y discrecionalidad" que rodea la gestión del IVF y ante la confusión entre "el interés público y el interés privado" en que, a su juicio, ha incurrido el hasta ahora responsable del organismo, José Manuel Uncio. Según Moreno, "existen privilegiados, amigos del poder, que no necesitan prestar garantías para que el IVF les conceda préstamos". La diputada criticó la concentración del riesgo, ya que una sola empresa, Air Nostrum, representa casi el 10%, con créditos que suman 25 millones de euros. Además, denunció que Uncio ha firmado documentos privados con "avales y cartas de patrocinio" del IVF a favor de empresas, para facilitarles la obtención de créditos en entidades financieras.
La diputada del PSPV cuestionó que Uncio pueda pasar directamente al sector privado porque
hay una ley de incompatibilidades de los altos cargos, y anunció que van a "seguir con lupa" sus pasos, porque "no es la primera vez" que a un alto cargo se le "pagan favores de la gestión anterior", en referencia al ex consejero Carlos González Cepeda.
Moreno denunció también que, aparte del crédito de seis millones de euros que el IVF concedió al Arzobispado de Valencia para construir iglesias, existe otra operación menor, de 300.500 euros, para financiar la restauración del asilo de San Juan Bautista con el objetivo de adecuarlo como centro docente. El préstamo fue concedido en febrero de 2002 a la Fundación Estudios de la Empresa, presidida por el arzobispo y que tiene como patronos a destacados empresarios de la ciudad. En este caso, el aval es una carta del arzobispo. El IVF replicó que todas las operaciones se han realizado de acuerdo con lo previsto en la ley de creación del IVF, que data de 1992.
Por otra parte, el PSPV presenta hoy recurso de reposición contra la decisión de la Mesa que denegó la comparecencia en torno al informe del Síndic de 2002.
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