Economía da marcha atrás en el expediente a las petroleras por supuesto pacto de precios

La directora general de Política Energética y Minas, Carmen Becerril, dijo ayer que no solicitará al Servicio de Defensa de la Competencia una segunda investigación contras las petroleras por presuntos pactos de precios, debido a que no se han hallado indicios de tales actividades. Becerril rectificó así al secretario de Estado de Energía, José Folgado, que hace apenas un mes acusó a las petroleras de mantener un comportamiento "irresponsable" en su política de precios y sugirió una investigación. Mientras tanto, la Audiencia Nacional recupera un informe de la Fiscalía Anticorrupción, terminado en 2002, a su propia investigación sobre el mismo supuesto delito de manipulación de precios.

Becerril aprovechó la presentación del informe de la evolución del mercado de carburantes en 2003 para zanjar la polémica que desató Folgado el pasado 17 de diciembre, cuando lanzó un duro ataque contra las petroleras por la fuerte subida de los precios de los carburantes. En un lenguaje inusual, Folgado acusó a las petroleras de mantener un comportamiento "auténticamente irresponsable" al favorecer una evolución de precios que "no es presentable". Folgado incluso utilizó munición dialéctica de grueso calibre: "O somos más ineficientes o es que hay algún tipo de acuerdo [entre las petroleras]".

Becerril dijo primero ayer que los precios de las gasolinas habían subido en España la mitad que en la UE durante el año pasado, en tanto que el gasóleo lo hizo en una cantidad similar. Después explicó que, tras realizar análisis históricos muy detallados para ver cuáles eran las tendencias y comportamientos del mercado nacional de carburantes y su comparación con los europeos, y hablar con el Servicio de Defensa de la Competencia, Economía consideró que "no había indicios de conducta que permitan abrir un expediente". "Seguimos analizando los datos, pero, en principio, no vamos a hacer una remisión" a Competencia, explicó la directora.

Informe de Villarejo

Mientras estas acusaciones de Folgado no fueron suficiente razón para abrir la segunda investigación de Competencia, sí lo fueron para que el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco reverdeciera un informe que la Fiscalía Anticorrupción (encabezada entonces por Carlos Jiménez Villarejo) remitió en mayo de 2002 al fiscal general, Jesús Cardenal.

El texto instaba a presentar una querella contra Repsol y Cepsa, que controlan en conjunto "el 61,23% de la disposición y venta de los productos petrolíferos en el mercado español", según la fiscalía. "La altísima cuota de mercado (...) les permite operar predominantemente en función de sus intereses estrictamente particulares pese a que los carburantes constituyen un bien de interés público", añadía el informe.

Cardenal no lo entendió así y vetó la querella de 80 folios que el equipo de Villarejo había preparado tras un año y medio de investigaciones con una notificación de apenas un folio, por entender que los hechos "no reunían los requisitos del tipo penal" de la alteración de precios.

Cardenal tuvo en cuenta en su momento la primera investigación del Servicio de Defensa de la Competencia, en la que no se hallaron indicios de pactos de precios.

Tras la decisión de Cardenal, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que, junto a la asociación de transportistas autónomos Fenadismer, encabeza de la llamada Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, interpuso una denuncia contra las petroleras en la Audiencia y el juez Ruiz Polanco la admitió a trámite. Pasó un año y medio, y cuando la polémica se había enfriado bastante en términos de opinión pública, Folgado arremete contra las petroleras.

Reactivación de la causa

Las palabras del secretario de Estado reactivaron el interés por las actuaciones de la audiencia, y a finales de diciembre pasado, la UPA solicitó al juez la citación de 21 directivos del sector petrolero. Los nombres de directivos ya figuraban en el informe del equipo de Villarejo, que concluyó que "las dos grandes petroleras actúan en función de intereses contrarios a los generales (...), aparte de la laminación de la libre competencia, mantienen una ocultación sistemática y grave a los consumidores, con el correspondiente engaño de los mismos, de las circunstancias en que se generan los precios de los carburantes, ya que hacen aparecer unos precios como si fueran el resultado de la libre competencia, cuando son, efectivamente, el resultado de una concertación oculta y abusiva que garantiza aún más el ya evidente dominio del mercado. Representa una plena sustitución de la confrontación de la oferta y la demanda, base de la economía de mercado y la libertad de precios".

Para la fiscalía, las dos grandes petroleras mantienen una posición dominante que encaja perfectamente en la definición de la Comisión Europea: "Posición dominante es la que permite a una empresa o grupos de empresas comportarse con relativa independencia respecto de sus competidores, clientes y consumidores". Para Villarejo, tanto Cepsa como Repsol tienen esta capacidad porque "los consumidores no pueden hallar alternativas reales de un suministro alternativo de carburantes, con la conclusión de que no concurre el presupuesto que garantiza una competencia real en materia de fijación de precios cual es la sustituibilidad de la demanda".

La fiscalía insistió en que, a pesar del proceso de fragmentación de CLH, Repsol y Cepsa mantenían su posición dominante en el mercado de distribución mayorista de carburantes y del minorista a través de contratos exclusivos (90% de la red española) que "impiden la libre formación de los precios" y finalmente "logran la expulsión del mercado de competidores independientes".