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Tribuna:

Españoles algo dolidos

Los españoles, muchos o pocos, cuya posición trato de reflejar en estas líneas somos gentes del común, del sur y del norte, del centro, el este y el oeste, de la península y los archipiélagos, de diversa formación, edad, sexo, actividad y circunstancias económicas o familiares. Somos ciudadanos cumplidores que no sólo aceptamos el sistema de convivencia política que tenemos, sino que lo apoyamos activamente con nuestros votos, con nuestro esfuerzo laboral y, desde luego, con nuestros impuestos, incluso aunque a veces pensemos que nos toca destinar a ese sostenimiento muchos más dineros que en cualquier otro sistema, por ser muy numerosos los electos del pueblo soberano y muy nutridas las burocracias en todos los niveles del territorio. Aunque conocemos esos y otros defectos de nuestra organización política, compartimos la célebre frase churchilliana sobre la mayor maldad de todas las demás. Hemos votado gustosos la democracia, seguimos cumpliendo sus reglas y creemos que la decisión adoptada de gobernar nuestro país por el método de un hombre (o una mujer) un voto en el conjunto de la nación es preferible a que un solo ciudadano imponga a los demás su voluntad final.

Algo, sin embargo, nos tiene muy dolidos: sabemos que algunos españolitos quieran dejar de serlo, no por el camino individual que les permitiría nacionalizarse en otro país ya existente, sino por el colectivo de inventar una nueva nación, a cuyo fin desean segregar, separar o desgajar de España una parte de su territorio, con los compatriotas que allí viven. Es una intentona que no nos parece aceptable, dicho sea con la mayor serenidad; y no sólo porque lo prohíba muy claramente la Constitución que nos rige, que ya sería bastante, sino porque también nosotros tenemos el derecho a ejercer nuestra voluntad en materia tan importante para todos, puesto que a todos afecta. Desde esa voluntad, queremos muy cortésmente invitar al señor Ibarretxe a que retire de sus varias propuestas esa palabra -secesión- que en ellas viene figurando y todas las sutilezas con que la han vestido sus hábiles jurisconsultos. Queremos también sugerir amablemente al joven sucesor del señor Arzalluz que olvide esos ejemplos eslovenos o letones que a su predecesor ponían los ojos en blanco. Por supuesto, cualquier imitador de esas ideas queda asimismo invitado a dejarlas caer en el cesto de los papeles inútiles.

Y pedimos cortésmente todo esto no por la razón que nos atribuía a veces un amigo vasco con el que compartí algunos foros y algunas polémicas: la razón de que "existen los tanques". Pues lo que sobre las Fuerzas Armadas y la unidad nacional dice la Constitución las deja claramente subordinadas a las autoridades civiles, elegidas por el pueblo soberano como de nuevo lo serán el 14 de marzo próximo. Algunos tuvimos la honra de contribuir, sin temor, a que así quedara probado en cierta noche de un 23 de febrero que tuvo final feliz, pero pudo haberlo tenido infeliz.

Nuestra razón es otra: es la de que España es una vieja Nación, forjada a lo largo de siglos de convivencia, con más etapas de colaboración entre todos los españoles que de airado enfrentamiento, gracias a la suma gradual de tierras y gentes que estaban aisladas en los tiempos de las tribus, de los reinos de taifas o de las Cortes medievales. Un libro espléndido del fallecido académico Domínguez Ortiz describe, por ejemplo, tres mil años de vida en común en la vieja península, que ofrece a la mayoría de los españoles un marco natural de gran unidad. En ese marco se han ido construyendo no sólo un Estado, sino sobre todo una Nación que tuvo su abuela en el País Vasco, como bien explicaba don Claudio Sánchez Albornoz, y en la que los Borbones abrieron luego a los catalanes las puertas de América, precisamente porque ya formaban parte de esa Nación.

Ocurre, además, algo que los antes citados o aludidos seguramente saben: que a las viejas naciones, al revés que a los ancianitos, no les gusta morir pacíficamente en la cama sino que se resisten, con los medios disponibles, a esa muerte eventual, tanto si pretende llegar por caminos pacíficos como -sobre todo- si se apoya en actos de barbarie y terrorismo. No faltan ejemplos en nuestra propia historia. Sabemos además que nuestra Península es ibérica, no balcánica; y que España no es aquella Yugoslavia de los siete países vecinos, las seis repúblicas, las cinco naciones, las cuatro lenguas, las tres religiones y los dos alfabetos, como decían los propios yugoslavos, aunque olvidaran en esa frase los sólo setenta y un años de una unidad sustentada durante más de cuarenta por un partido único y totalitario.

Hace algo más de un cuarto de siglo dedicamos mucho tiempo, no pocas energías y larguísimos debates a buscar un acomodo que a todos complaciera suficientemente. Se llegó a transacciones honorables que parecieron dar a cada cual satisfacción bastante. Quedan, por ejemplo, numerosos testimonios de la comprensión con la que los negociadores católicos aceptaron las otras creencias o la ausencia de ellas, los partidarios del mercado libre acogieron los preceptos constitucionales que protegen a los menos favorecidos por la fortuna, y los centralistas dieron paso al sistema de poder político, social y económico más descentralizado y más disperso que el mundo moderno conoce en cualquier continente. Las dos primeras áreas de concordia han funcionado razonablemente bien, con libertad para creyentes y agnósticos y con una prosperidad bastante repartida y atrayente para muchos inmigrantes. En cambio, muchos de quienes entonces recibieron, con aparente reconocimiento, grandísimas cuotas de poder territorial manifiestan todos los días su disgusto y piden una nueva negociación, o se atreven a proponer decisiones unilaterales aunque los acuerdos entonces logrados y que la Constitución consagró no les reconozcan para ello ninguna competencia. Piden, por tanto, una nueva negociación.

Nosotros, los españoles así dolidos, creemos que tal vez cabría reconocer a esos compatriotas protestones, vengan de donde vengan, un derecho natural a negociar. Pero algo debería estar claro, muy claro, desde el primer momento: en ese caso, aquí se negocia otra vez todo, con paciencia infinita y sin tocar lo que existe mientras no se acuerde como sustituirlo, si se acuerda. La fórmula es muy clara y nadie podría objetarla: renegociarlo todo.

Todo quiere decir todo. Si el melón negociador se abre, hay que partir de cero, de aquel viejo Estado centralista que unió a los habitantes de los varios Reinos a los que dio unas instituciones y una lengua comunes, compartida ésta a veces con otras igualmente respetables aunque hubieran gozado de menos fortuna a la hora de la difusión universal. Aquella formula funcionó bien durante varios siglos y sirvió, además, para descubrir continentes y océanos, fundar futuras naciones y difundir el cristianismo, con ayuda de hombres como Sebastián Elcano, fray Junípero Serra o Gaspar de Portolá. Fue un Estado imperial que llegó a su declive, como todos los Imperios, y desembocó en aquel cantonalismo enloquecido de Jumilla contra Murcia y etcétera que arruinó la Primera República y que tuvo luego una efímera excepción en dos Estatutos de autonomía y un tercero, nonato, durante la Segunda, rematada por una tremenda Guerra Civil. De ninguna manera podría ningún negociador nacional, en los dos partidos políticos que lo son y pueden gobernar después de marzo venidero, aceptar la tesis que los nacionalistas regionales utilizan con la más descarada naturalidad y, que puede resumirse en estas pocas palabras: "Lo mío es ya mío y, ahora, voy a ver lo que saco".

Porque lo suyo no es suyo sino de todos. Es de la Nación española, titular única de la soberanía sobre todo cuanto existe, vive, trabaja y muere en el territorio nacional. La Nación española cedió el uso y usufructo de parte de esos bienes a poderes locales que antes no existían y que fue preciso inventar. En muchos casos, y al margen de ciertas corruptelas que no faltan en otras latitudes, ha funcionado suficientemente bien este nuevo y atrevido organismo al que llamamos Estado de las autonomías por más que muchos de sus aspectos merecieran una serena revisión desde la perspectiva que un cuarto de siglo ya permite. Por ejemplo, quizá no es lógico que los niños conozcan los riachuelos de su Comunidad pero no sepan que existen el Ebro o el Guadalquivir, o que algo tan homogéneo y universal como un parque eólico esté sometido a normas autonómicas diferentes. Quizá no lo sea, tampoco, que en dos comunidades se crearan cuerpos propios de policía gubernativa, mucho menos autónoma respecto a las presiones locales. No parece haber grandes motivos éticos ni históricos -pues tan histórica es Burgos como Bilbao, al menos- para obtener privilegios que naturalmente podrían ser reclamados por los demás ciudadanos del Reino bajo el principio del café para todos.

Estos españoles dolidos no pretendemos inventar conflictos donde no los hay. Las autonomías son parte del Estado nacional, funcionan dignamente en muchos lugares, han estimulado a veces la creatividad y el progreso regionales y permiten un prudente reparto del poder político. Sus posibles o reales abusos, como también los de aquella Administración central que aún subsiste, pueden (si se la respeta, naturalmente) ser corregidos por la Justicia que no es desde luego perfecta pero que, por lo menos, funciona como un sistema nacional.

Abierta así la negociación, podría presentar algún riesgo quizá no imaginado por los españoles que protestan. Demos varios ejemplos: cabría suprimir en la Constitución la nueva acepción dada a una palabra que transformó la condición de miembro de una Nación en unas "nacionalidades" que excitan en algunos de sus habitantes el deseo de erigirlas en naciones como la española. O cabría revisar a fondo una pedagogía que, descentralizada en los länder de la RFA, forma siempre buenos alemanes mientras que aquí parece sembrar los gérmenes del odio contra el vecino o el inmigrado aunque venga de la provincia vecina. O habría que estudiar la conveniencia de revisar la imprudente decisión que otorgó a la Comunidad Autónoma del País Vasco, inexistente antes de la Constitución, el control sobre los tres Conciertos Económicos que don Antonio Cánovas del Castillo concedió a las tres "provincias vascongadas" de su tiempo cuando, además, eliminó unos fueros cargados de nostalgia pero que dificultaban a los dinámicos empresarios vascos el acceso al resto del mercado español. Que cada uno de los tres "territorios históricos" podría aprovechar mejor ese privilegio lo prueba el buen fruto que de él extrae la Comunidad Foral de Navarra, nada dispuesta a dejarse atrapar por el imperialismo sabiniano.

Por tanto: debe quedar claro que el sistema autonómico no se discute, al margen del grado de entusiasmo que suscite. Pero su abuso, allá donde se abusa de él, lo puede poner en grave peligro; y quienes se permiten decir frívolamente eso de que "Yo no soy español" podrían resultar unos desdichados aprendices de brujo. Tal cosa, a los españoles algo dolidos nos dolería todavía más puesto que los tenemos por queridos, aunque errados, compatriotas.

Carlos Robles Piquer fue ministro de Educación y Ciencia en el primer Gobierno de la Monarquía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de enero de 2004