Bruselas aprueba las ayudas del Gobierno italiano para salvar Parmalat mientras quiebra su filial brasileña

Mario Monti, comisario que vela por la Competencia de la Unión Europea, informó ayer a la Comisión de que el decreto aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno italiano para facilitar una intervención de urgencia en el caso Parmalat no entra en conflicto con la normativa sobre ayuda de Estado en la UE. La decisión coincidió con la petición presentada por la filial brasileña del grupo (Parmalat Brasil SA) para acogerse a la ley de quiebras. Parmalat Brasil tiene ocho fábricas y cerca de 6.000 empleados.

El decreto sólo podrá ser aplicado si se convierte en ley en los términos comunicados a Bruselas. Otras ayudas adicionales, para Parmalat u otras compañías en peligro, serán analizadas por la Comisión.

El decreto-ley fue aprobado por el Gobierno de Silvio Berlusconi las pasadas navidades, en pleno choque por la crisis de Parmalat, que desde entonces se ha agudizado al aflorar un endeudamiento que ahora roza los 14.500 millones de euros, ocho veces por encima de la anunciado en diciembre pasado. El decreto 347 simplifica el acceso al procedimiento extraordinario de administración aplicable a compañías insolventes y lo extiende a las que tengan más de mil empleados y un endeudamiento superior a los 1.000 millones de euros. También establece un sistema acelerado para la adopción del plan de reestructuración y otorga poderes especiales al administrador extraordinario nombrado por el Gobierno para que mantenga la compañía a flote y salve los puestos de trabajo.

Monti discutió en fechas pasadas con Antonio Marzano, ministro de Actividad Productiva, los términos del decreto, que, fuera de las innovaciones singulares para hacer frente al caso Parmalat, remite al resto de la legislación italiana sobre quiebras y suspensiones de pagos. El comisario anunció al ministro, como ayer al conjunto de la Comisión, que el decreto en los estrictos términos planteados no entra en conflicto con la normativa europea sobre ayudas de Estado.

Le hizo también saber que deberá comunicar a Bruselas los términos exactos de la aplicación de garantías contempladas en el artículo 55 de la ley sobre quiebras.