Condenado un funcionario de Urbanismo de Isla Cristina

La Audiencia de Huelva ha condenado al jefe del Servicio de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva), Luis Martínez Salas, a siete años de inhabilitación especial para el desempeño de este puesto en el Consistorio y análogos por un delito de prevaricación al ordenar el derribo de una vivienda "sin base alguna" y sin contar con los informes precisos ni respetar el trámite establecido.

Según explicaron ayer el coordinador provincial de IU, Pedro Jiménez, y el portavoz de la misma formación en el Ayuntamiento isleño, Francisco Mantell, que dieron a conocer la sentencia junto a un miembro de la familia demandante, los hechos se produjeron el 3 de mayo de 2001, cuando se llevó a cabo el derribo de una vivienda colindante al edificio propiedad de un familiar del alcalde de la localidad, el andalucista Francisco Zamudio.

Jiménez señaló que el familiar del alcalde se ofreció a comprar la vivienda, a lo que la familia denunciante se opuso y, posteriormente, sin que mediara actuación alguna, se procedió al derribo de las dos viviendas.

Según precisaron los representantes de IU, esta decisión se justificó porque la vivienda se encontraba en ruinas, pero, en ese momento, no se realizaron ni "el expediente previo ni los correspondientes informes técnicos necesarios para esta actuación".

Actitud caciquil

El coordinador provincial de IU señaló que, en el momento de la actuación, el alcalde de la localidad era el responsable además de los temas de Urbanismo, por lo que exigió "responsabilidades políticas" al primer edil y al Consistorio por una actuación que calificó de "caciquil, dictatorial y antidemocrática".

En este sentido, Mantell, anunció que van a pedir un pleno extraordinario para que el gobierno y el alcalde expliquen "por qué se ha producido esta actuación y cuál fue la gestión realizada". Además, IU estudia solicitar a la Cámara de Cuentas que investigue las ventas de terrenos en el municipio durante los últimos años por más de 240 millones de euros y gestionadas por la Empresa Municipal del Suelo, cuya gerente es la esposa del ahora condenado.

Mantel indicó que el objetivo es que este caso "se aclare y se asuman las responsabilidades políticas oportunas". De este modo, insistió en que no se han dado argumentos para derribar la vivienda, perteneciente a una familia "humilde", y que el expediente previo y los informes técnicos se realizaron después de proceder al derribo. Además, señaló que la familia afectada tuvo que pagar los gastos de desescombro del total de la parcela tras el derribo, cuantía que ahora debe abonar el condenado, según recoge la sentencia.

Por su parte, Antonio Luis Canela, un portavoz de la familia demandante, señaló que están "indignados" ante esta situación y por que, por parte del Ayuntamiento, "no ha habido ni una aclaración ni una simple disculpa".