El fiscal cita a los constructores del Atrium Beach como imputados

El fiscal de delitos laborales en Alicante, Miguel Gutiérrez, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de La Vila Joiosa, que investiga las causas del accidente laboral registrado en las obras sin licencia del Atrium Beach, en el que fallecieron dos operarios, que cite como imputados a los representantes legales de la principal empresa constructora y de la subcontrata del montacargas que ocasionó el siniestro. En una reunión con los sindicatos, Gutiérrez les instó a ejercer la acusación popular en los procesos por delitos laborales para "hacer más presión".

El fiscal responsable de delitos laborales de la Audiencia de Alicante, Miguel Gutiérrez, aprecia indicios delictivos en los accidentes mortales registrados en las obras del Atrium Beach, el mayor complejo hotelero de Europa, con 7.000 plazas, que, sin permiso municipal, se levanta en La Vila Joisa. Después de analizar detalladamente el informe de la Inspección de Trabajo, Gutiérrez ha pedido al Juzgado de Instrucción número uno la práctica de una treintena de diligencias para delimitar posibles responsabilidades penales en el accidente registrados el pasado 17 de septiembre.

La acusación pública imputa al representante legal de la principal empresa constructora y de la subcontrata Emilio Veintemillas, dedicada al montaje y desmontaje de elevadores, en el suceso del desplome del montacargas que causó la muerte de dos operarios de 20 años. Además, Gutiérrez pide al juzgado que cite también como imputados a los coordinadores de seguridad y control del elevador. Entre las diligencias solicitadas por el fiscal, figura el listado de los testigos presenciales, de las subcontratas de la obra y de los arquitectos y aparejadores, en tanto que coordinadores de seguridad de las obras. Además, reclama documentos como las pólizas de seguro y contratos.

La Inspección de Trabajo, por su parte, sancionó a las dos empresas implicadas en la ejecución del hotel con 48.080 euros a cada una al detectar infracciones "muy graves". Funcionarios del órgano explicaron que la ejecución de las sanciones se aparca cuando hay un proceso penal abierto para evitar que las firmas sean sentenciadas doblemente. En el caso de que la juez no aprecie indicios delictivos en los accidentes mortales del Atrium, que costaron la vida a tres obreros, las empresas tendrán que girar las multas.

Una semana antes del doble accidente mortal, otro peón falleció al precipitarse desde 20 metros de altura. Los tres fallecimientos llevaron a la Dirección General de Trabajo de la Generalitat a paralizar, el 18 de septiembre, las obras, después de que el Ayuntamiento no ejecutase las siete órdenes de paralización dictadas por su propio departamento de Urbanismo. La paralización de las obras fue refrendada por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, que además ordena al Ayuntamiento que precinte las obras.

Por otro lado, CC OO y UGT se reunieron ayer con Miguel Gutiérrez a propósito de la ronda de contactos que las dos centrales han mantenido con las tres fiscalías de la Comunidad Valenciana para reclamar una dedicación exclusiva de los responsables de salud laboral. Los sindicatos aplaudieron, singularmente, la labor "ingente" de Miguel Gutiérrez a quien atribuyeron el logro el pasado año, al menos, de una docena de sentencias condenatorias a empresas que operaban en Alicante por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esta cifra, apuntó el responsable de Salud Laboral de UGT en Alicante, Juan Francisco Richarte, iguala al total de las sentencias falladas en el ámbito estatal en 2003. Por su parte, Miguel Gutiérrez animó a los sindicatos a ejercer la acusación popular en todos los procesos penales abiertos a empresas por incumplimiento de la ley con el propósito de "hacer más presión" durante los procedimientos.