La propuesta de Chaves y los dos pisos de Tony Blair

La propuesta de Manuel Chaves sobre la creación de un registro de intereses consultable en Internet es un soplo de aire fresco en el irrespirable ambiente de la política andaluza.

Es bueno conocer, para los que se escandalizan, que ya podemos consultar los registros de intereses de los miembros de las dos cámaras del Parlamento británico con la simple consulta a través de internet (www.parliament.u.k.) pero esa misma tarea deviene una misión imposible en nuestro país, porque la legislación española es extremadamente pudorosa sobre un tema que exige simplemente transparencia. Este pudor resulta hoy indecoroso.

Con ocasión de los casos de transfuguismo de los dos diputados madrileños y el descubrimiento de los numerosos intereses inmobiliarios de altos cargos de la administración popular, de diputados y responsables políticos madrileños, Esperanza Aguirre manifestaba que el "sistema había funcionado muy bien hasta la fecha... por ... la declaración de bienes que se deposita en un Registro que puede atestiguar cuál ha sido la evolución del patrimonio en caso de que existan fundadas sospechas de un enriquecimiento injustificado durante el tiempo en que se han detentado cargos públicos". Con el caso del Presidente de la Diputación Provincial de Castellón es evidente que el mecanismo previsto hace aguas por todas partes.

La ausencia de controles y la opacidad del sistema en lo que se refiere a representantes políticos y altos cargos de la Administración es notabilísimo.

Aquí nos movemos entre el gesto -loable y bien intencionado- de algunos políticos de declaración pública de sus patrimonios y las baladronadas de ocasión como las del señor Arenas recordadas en estos días.

Es necesario reformar el sistema en su conjunto para dotarlo de eficacia general y lograr el establecimiento de una situación de transparencia sometida al libre escrutinio público y no con las cautelas y limitaciones presentes que ampara la actual normativa.

Lord Nolan -el primer presidente del Comité Británico sobre las normas de conducta para la vida pública desde 1994 a 1997-, visitó Cádiz en 1999 ilustrándonos sobre los códigos de conducta vigentes en el Reino Unido y al remitir a Blair su primer informe expresaba lapidariamente: "No faltan hombres ni mujeres en este país con las cualidades de integridad y altruismo sobre las que se basa nuestra tradición de servicios públicos. Sin embargo los cambios sucedidos en los últimos años con respecto a las funciones y entornos laborales de políticos y funcionarios han causado confusión acerca de lo que es una conducta aceptable o no. Esto acompañado por cierto número de incidentes que han recibido mucha publicidad y que indican cierta negligencia en el cumplimiento y la ejecución de unas normas estrictas por parte de los involucrados ha contribuido a crear la sospecha generalizada de que los casos de mala conducta son más frecuentes que los que se revelan al público. A menos que se tomen medidas correctivas en seguida, existe el peligro de que la preocupación y la sospecha se transformarán en desilusión y en un cinismo creciente".

El origen había estado en que determinados parlamentarios habían cobrado dinero a cambio de plantear iniciativas en las Cámaras. Algo grave, pero ridículo con lo visto y oído en los últimos meses en nuestros pagos (nunca mejor empleada esta palabra).

El peligro que acecha a la todavía joven democracia española es que nuestros gobernantes y representantes crean que nuestra trabajosa y zigzagueante transición -casi engullida hoy por neófitos, renuentes cuando menos, a aquel proceso- y la afortunada consolidación de una democracia infrecuente en nuestro país, nos libera de perfeccionar cada día un sistema que hace aguas por demasiadas vías. Una de ellas es el control de ministros, altos funcionarios, magistrados y jueces, cúpula policial y, por supuesto parlamentarios y concejales.

Podemos conocer que Tony Blair tiene dos pisos en alquiler en Bristol. También que ha aceptado pequeñas invitaciones durante sus vacaciones en Bermudas y en Egipto. Que el ex ministro Robin Cook recibe algunos ingresos extraordinarios por sus colaboraciones en The Independent y por actividades académicas y empresariales perfectamente identificadas. Conocemos que el anterior líder de la oposición conservadora Duncan Smith se ha servido -y los declara- de numerosos vuelos pagados por distintas empresas -todas reconocibles-, en tanto que el nuevo lider conservador Michael Howard declara una serie de asistencias a conferencias con invitación de hotel y viaje también para su esposa perfectamente detalladas. En cambio, entre nosotros el celo por la privacidad y la ocultación de patrimonios mediante sociedades es presentado como modélico. Hay demasiado abismo.

Hoy es una necesidad conocer las propiedades, las acciones, los regalos recibidos, las invitaciones, viajes internacionales y los ingresos complementarios o en especie relevantes, porque el que tiene poder y los que administran recursos o toman decisiones sobre asuntos trascendentes o sobre la vida y la hacienda de los demás son corruptibles y por tanto son necesarias medidas eficaces de control y una opinión pública libre. Tenemos que "tomar las mayores precauciones para guardarlos virtuosos mientras se mantengan como fideicomisos públicos" (Madison/Hamilton). Incluso hasta dos años después de haber abandonado las responsabilidades.

Entre lo relatado y el excelente trabajo del Comité Hutton, impensable todavía en nuestro país por su independencia y su rigor en querer aproximarse a la verdad, nos ponemos en nuestro sitio como país. No es el mejor. La permanencia de esos obsoletos registros de intereses con siete llaves, la ausencia de comisiones parlamentarias para examinar la selección de los altos cargos y la carencia de comisiones de investigación que pretendan, exactamente eso, investigar son buena semilla para la desconfianza en la política. La regeneración democrática todavía espera.

Bienvenida sea pues la iniciativa de Chaves. Ojalá sea una realidad en tres meses y se extienda a toda la administración pública andaluza para alivio de una legión de políticos honrados y bochorno de los que tengan que abochornarse.

Rafael Román es Portavoz Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz.