La oposición exige la suspensión del jefe de la Inspección fiscal de Vizcaya

Populares y socialistas reclamaron ayer al diputado vizcaíno de Vizcaya, José María Iruarrizaga, que suspenda cautelarmente en sus funciones al subdirector jefe de Inspección de la Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, imputado en dos delitos de prevaricación y falsedad en documento público por el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao. La investigación se centra en un presunto trato a favor a cerca de un centenar de empresarios.

Iruarrizaga compareció en la comisión de Hacienda de las Juntas vizcaínas a petición de la oposición para informar sobre el caso. El portavoz popular, Carlos Olazabal, dijo no entender que se mantenga en un cargo de confianza a alguien que está siendo investigado por la justicia. Así, preguntó al diputado foral por qué no se "atreve" a suspenderle en sus funciones. El socialista Segundo Calleja insistió en el mismo aspecto y sostuvo que muchos trabajadores de la institución apoyarían la medida.El representante del PNV, Iñigo Iturrate, negó que el puesto de Ibarra sea de libre designación porque corresponde a un funcionario de carrera, aspecto en el que luego insistió el diputado. El cargo debe ser ocupado por un funcionario y actualmente, según Olazabal, hay otros 27 inspectores que podrían ocupar la plaza. El representante popular lo comparó con el nombramiento del subdelegado del Gobierno, un cargo que también debe ocupar un funcionario, pero cuyo titular es elegido por el Ejecutivo central entre los trabajadores de la Administración.

Crítica a las filtraciones

El diputado insistió en que la Hacienda foral "no está siendo investigada", como confirmó en octubre pasado la Fiscalía Anticorrupción. Iraurrizaga aseguró que "no existen contribuyentes preferenciales, ni ningún programa informático que los catalogue por sus ideologías, sexo o raza". Criticó además las "filtraciones malintencionadas" a algunos medios, atacó lo publicado en prensa, planteamiento en que le secundaron los portavoces de PNV y EA.

El diputado defendió la honestidad de los trabajadores de Hacienda y recordó que la Diputación ha decidido personarse en la causa como posible "perjudicada" para estar informada y mostró su disposición a seguir colaborando con la Justicia.

En el debate, en el que no hubo réplicas por decisión de la presidenta de la comisión, Olazabal pidió también la dimisión de Iruarrizaga por responsabilidad política por las decisiones que está tomando. Aseguró que no era normal desconocer los hechos cuando han facilitado toda la información y afirmó "no entender" por qué la Diputación, si se considera posible perjudicada, no se persona como acusación. Apostilló que "si se acusa en un procedimiento es lógico poner en cuarentena la confianza otorgada".