En defensa de Toledo

Hace unos días recibí con estupor y tristeza la noticia de que Joan Antoni Toledo, ex alcalde socialista de Riba-Roja de Túria y ex diputado provincial, había sido condenado por el Tribunal Supremo a tres años de prisión y seis de inhabilitación para el desempeño de un cargo público. Conocí a Toledo a finales de los setenta, militando ambos en el PSPV, y desde entonces seguimos muchos pasos en común, él como alcalde de Riba-Roja desde 1980 hasta 1995 y yo de L'Eliana de 1983 a 1997.

En nuestros respectivos municipios se reconoció una gestión importante. Se crearon infraestructuras sanitarias, medioambientales, sociales, culturales y deportivas, a fuerza de un trabajo continuado y agotador, pero estimulado por la idea de que la creación de servicios es un ejercicio de solidaridad, de redistribución de la riqueza. Joan Antoni, más joven, más impulsivo, intentaba cumplir sus objetivos programáticos, sus compromisos electorales, en los plazos comprometidos, salvando las dificultades de la burocracia. Puede que alguna vez sorteando el proceso administrativo que ralentiza la gestión.

Hoy estoy triste, muy triste. Un objetivo innegablemente justo como ayudar a conseguir una pensión a una mujer mayor, trabajadora y con un marido enfermo, puede llevarlo a la cárcel. No podemos estar de acuerdo en que un error de procedimiento ensombrezca la trayectoria política, humana y personal de un hombre que ha dado tantos años en beneficio de los demás.

Sí estamos de acuerdo, en cambio, en que hay que moralizar la vida pública. Pensamos que al lado de alcaldes, diputados, parlamentarios y altos cargos institucionales honrados en su mayoría, existen casos de sospechosos incrementos patrimoniales y de uso de fondos públicos con fines partidarios o de promoción personal. Joan Antoni luchó denodadamente contra esas prácticas. Resulta terriblemente paradójico que al final de la partida, la condena recaiga sobre una acción incorrecta desde un punto de vista formal, pero nacida de una voluntad humanitaria.

Espero que los ciudadanos de Riba-Roja y los compañeros de partido se sumen a este sentimiento solicitando el indulto al ministro de Justicia. En el caso de que consiguiéramos ese objetivo, aún quedaría pendiente el reintegro de 53.000 euros al Ayuntamiento, dinero del que no dispone, ya que durante los últimos 20 años Joan Antoni no ha incrementado su patrimonio.