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Editorial:

El PP se enmienda

El programa sobre seguridad ciudadana que ayer esbozó en Valencia el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, constituye en buena parte una enmienda a la política practicada por su partido desde que llegó al poder, y de la que el propio Rajoy fue responsable como ministro del Interior por espacio de año y medio. La promesa de crear 32.000 nuevas plazas de policías nacionales y guardias civiles en los próximos cuatro años viene a reparar la increíble dejación de los Gobiernos del PP en la sustitución paulatina y ordenada de las más de 7.000 vacantes dejadas por los agentes jubilados a lo largo de estos años.

Salvo en su último año de gobierno, la etapa de Aznar tiene uno de sus puntos negros en el aumento de la delincuencia, que sólo en 2003 ha empezado a remitir. Las nuevas plazas policiales son necesarias, por tanto, no sólo para reponer las vacantes, sino para invertir la tendencia. El PSOE mantiene que sería necesario un aumento anual de 6.000 nuevos policías y 3.000 guardias civiles durante cinco años. La rectificación del PP es doble, pues ese aumento sustancial de efectivos debería implicar también, de llevarse a efecto, un cambio de su política presupuestaria en la materia. La disminución del gasto público en aras del déficit cero, especialmente practicada por los Gobiernos del PP en el capítulo de seguridad ciudadana, tendrá que afectar a partir de ahora a otros servicios públicos.

Pero la seguridad ciudadana no depende tanto de las plantillas policiales -España es uno de los países de la UE con una mayor tasa de policías por habitante- como de su efectiva dedicación a tareas de seguridad. Rajoy promete un incremento del número de agentes de patrullaje en calles y zonas rurales. El fracaso sucesivo de los planes Policía 2000 y Focus, que en parte le tocó gestionar, no es su mejor tarjeta de presentación. En materia de presencia policial en las calles como elemento preventivo el programa socialista es más explícito: promete reintegrar a estas tareas a 1.500 policías y 2.500 guardias civiles ahora en misiones burocráticas.

Llama la atención, en todo caso, que entre las medidas de Rajoy no destaque ninguna de política preventiva y que su anuncio de un nuevo plan de despliegue para la Policía Nacional y la Guardia Civil no aborde una mejor coordinación operativa entre ambos cuerpos. El programa trata de corregir algunos de los errores del Gobierno en esta materia, pero una vez más prefiere centrarse más en el endurecimiento de las leyes penales que en una política policial efectiva.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de enero de 2004