Alemania abre el juicio por fraude en la venta de Mannesmann

El proceso contra seis destacados representantes de la flor y nata de la economía alemana, por presunto fraude en la venta de Mannesmann a la multinacional británica de telecomunicaciones Vodafone, comenzó ayer ante la audiencia de Düsseldorf. Los acusados acordaron concederse indemnizaciones y jubilaciones de privilegio por un montante de 111,5 millones de euros y se sospecha que estos pagos puedan constituir un fraude a los accionistas.

Los más prominentes acusados que se sientan en el banquillo son Josef Ackermann, que preside el mayor banco alemán, el Deutsche Bank; el sindicalista Klaus Zwickel, hasta mediados del pasado año jefe del poderoso IG Metall que representaba a los sindicatos en el consejo de vigilancia de Man nesmann, y Klaus Esser, director ejecutivo de Mannesmann cuando el 4 de febrero de 2000 se consumó la venta a Vodafone y que recibió una indemnización de 32 millones de euros por sus buenos servicios.

Se trata de un hito en la historia judicial de Alemania por el peso socioeconómico de los acusados y la materia sometida a juicio: la legalidad de indemnizaciones a directivos y su montante. Para el diario Financial Times Deutschland, se juzga "el límite de las competencias entre la presidencia ejecutiva y el consejo de vigilancia, hasta dónde llega la libertad empresarial y dónde empieza el incumplimiento de los deberes". Las respuestas a estas cuestiones "impregnarán la actuación empresarial en el futuro y la imagen de Alemania como centro de inversión".

Los hechos se remontan al otoño de 1999. Vodafone inició la operación para adquirir de forma hostil Mannesmann y ofreció 100.000 millones de euros. Esser rechazó la oferta por considerarla del todo insuficiente. El tira y afloja se prolongó hasta el 4 de febrero de 2002. El consejo de vigilancia de Mannesmann aprobó la venta por 178.000 millones de euros y también se acordó pagar 32 millones a Esser más otras remuneraciones y jubilaciones de privilegio para ejecutivos y sus herederos hasta 111,5 millones de euros. De ahí a la sospecha de que tan generosos pagos los percibieron en concepto de soborno por facilitar la operación hacia la que no había más que un paso. Dos abogados, Mark Binz y Martin Sorg, no tardaron en presentar una querella criminal por presunto fraude a los accionistas.

El tribunal de Düsseldorf tendrá que decidir si ha existido un fraude, que el Código Penal alemán tipifica en su artículo 266 y establece que se produce cuando uno abusa de sus funciones en perjuicio de la empresa. Los abogados de los acusados argumentan que la normativa sobre sociedades anónimas establece que las retribuciones de los directores tienen que estar en proporción adecuada con la situación de la empresa. Según esta argumentación, la retribución percibida por Esser de 32 millones es una menudencia si se considera que, gracias a su oposición inicial a la venta, el precio subió de los 100.000 millones ofrecidos por Vodafone a los 178.000 millones en que se cerró la operación.

El presidente del Deutsche Bank declaró que Alemania es el único país del mundo donde se castiga por aumentar el valor de una empresa. A Ackermann le espera un largo periodo de dificultades para ejercer sus funciones al frente del mayor banco alemán y ha instalado en Düsseldorf una oficina para gestionar y tal vez hacer frente a una adquisición hostil o una fusión de las que tanto se habla estos días en la banca alemana.