Trabajo revisará el servicio público de empleo tras hallar "deficiencias"

"Dejaremos de hacer una política de reparto de subvenciones y empezaremos a hacer políticas activas de empleo". Con estas palabras, el consejero de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé, anunció ayer una "transformación radical" del servicio público de empleo catalán (SOC) y una "revisión profunda" del actual modelo de relación con los centros privados que colaboran con éste para formar y recolocar a los parados tras haber hallado "deficiencias" en el sistema. Rañé aseguró que esta revisión no supondrá la "desaparición" de estos centros, pero sí avanzó que se prescindirá de aquellos que no se adecuen a las directrices del departamento.

De acuerdo con los datos aportados por el consejero, la Generalitat otorgó en 2002 unos 10,3 millones de euros a 1.994 centros cooperadores (ayuntamientos y agentes sociales) y colaboradores (academias privadas) en concepto de subvenciones. Unos 940 imparten cursos de formación ocupacional y reciclaje, mientras que el resto ejerce funciones de intermediación entre empresas y trabajadores.

Rañé justificó ayer la redefinición de este sistema que se perfilará a lo largo de este año. El consejero explicó que, por un lado, se han advertido "problemas técnicos y de gestión" y una falta de coordinación con los centros que cruzan ofertas y demandas de mano de obra. Por el otro, puso en tela de juicio que los cursos formativos que se han venido impartiendo hasta ahora respondieran a las necesidades de las empresas y trabajadores de Cataluña, lo que, en su opinión, ha "pervertido" el sistema. "A partir de ahora nosotros determinaremos las necesidades y otorgaremos las subvenciones con transparencia", advirtió.

Oferta de trabajo en 6 meses

La reestructuración del SOC afectará también a las 73 oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG). El nuevo director general de este organismo creado en 2002, Francesc Castellana, explicó ayer que este mismo año se garantizará que los parados menores de 25 años reciban una oferta de trabajo, orientación o formación laboral en el plazo máximo de seis meses, que será de 12 en el caso de los parados de larga duración (los que llevan más de un año registrados en el Inem).

Rañé admitió que los 1.200 trabajadores de las OTG son "insuficientes" para cumplir este objetivo, por lo que está previsto descentralizar el servicio y contar con el apoyo de ayuntamientos, agentes sociales y centros privados. La modernización del sistema informático -el actual es de 1995- permitirá que el personal de las OTG abandone las tareas administrativas que ahora realiza y asuma la atención personalizada al usuario que, en principio, debería desempeñar. Se prevé que a partir del próximo abril este sistema informático estará integrado a las redes de empleo estatal y europea para captar ofertas y demandas de fuera de Cataluña.