¿Por qué está satisfecho el ministro Michavila?

Recientemente he leído en este diario que el ministro Michavila se declara muy satisfecho con la situación de la justicia; en concreto, en cuanto al número de asuntos resueltos por juzgados y tribunales, así como al volumen de asuntos pendientes. Seguramente más de dos millones de asuntos pendientes no significan nada, como nada dice dicha cifra respecto de la duración de las causas que se resuelven.

Quizá un ejemplo real, nada extraordinario, deje mucho más clara cuál es la verdadera situación.

El día 12 de febrero recibí un telegrama, casi por casualidadya que donde iba dirigido no tiene nada que ver con mi domicilio, en el que me decían que debía personarme en unas oficinas judiciales el día 14 para un asunto de mi interés.

Personada en la fecha indicada en dichas oficinas, descubro con estupor que el asunto que requería mi interés era citarme como testigo para el día 15 de febrero de 2005.

Sí, han leído bien, 2005. Según los datos que me han facilitado, se trata de una causa incoada en el año 2002 por el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid.

Lo que todavía nadie me ha explicado es por qué se gasta el dinero público en mandar un telegrama exclusivamente para requerir mi presencia en una oficina pública.

Puestos a realizar un gasto tan innecesario, ¿no sería razonable que el telegrama contuviera la citación y no se me obligara a perder casi medio día de trabajo para recibir una notificación?, notificación que, por otro lado, puede realizarse por cualquier otra vía más cómoda para el ciudadano, más barata, igualmente eficaz y con las mismas garantías.

En el mejor de los casos, y aplicando a los plazos los criterios actuales de ese juzgado, es posible, casi me atrevo a afirmar que es probable, que en junio de 2006 haya sentencia.

Y yo me pregunto: ¿por qué está satisfecho el ministro Michavila?