PSOE: ¿manda la política o la economía?

DICE BIRNBAUM que el socialismo es un proyecto que pretende la transformación de la sociedad mediante la extensión del dominio de la razón a procesos económicos y sociales en general considerados inmutables (Después del progreso. Editorial Tusquets). Incluso con principios de tan baja intensidad ideológica como los anteriores, los partidos socialdemócratas tienen hoy problemas para definir una política específicamente socialista.

Bajo este contexto, y condicionado por un cambio de liderazgo generacional, aborda el PSOE las elecciones del 14 de marzo. Con astucia mercadotécnica, los socialistas ocuparon los espacios mediáticos de las navidades y de la primera semana del año para colocar con fuerza sus primeros borradores de programa electoral. Un programa electoral, dice la tradición política, no es un programa stricto sensu para gobernar, sino para ganar unas elecciones (o para no perderlas por la mayoría absoluta de su contrincante). Pero no puede haber una contradicción flagrante entre lo que se dice y lo que se practicará después, excepto en el caso de una hegemonía absoluta, como sucedió en 1982, cuando el equipo económico liderado por Miguel Boyer tiró a la basura el programa de expansión de la demanda y puso en práctica un ajuste muy duro.

Dadas las limitaciones recaudatorias de la reforma fiscal anunciada por los socialistas, ¿con qué se financiará ese programa de choque con gastos en educación, seguridad ciudadana, justicia, protección a los débiles...?

La "extensión del dominio de la razón a procesos económicos y sociales en general considerados inmutables", de Birnbaum, significa la incorporación del concepto de ciudadanía al terreno de los derechos económicos y sociales. Y así se dice en el Documento marco del PSOE, caracterizado por una maduración de los derechos: mejor educación, justicia más rápida y con muchos más medios, reducción de la inseguridad ciudadana incrementando el número de agentes, espectacular aumento de la protección de los ciudadanos dependientes, elevación de los cuidados a los discapacitados, equiparación del capital tecnológico (I+D+i) a nuestro entorno, inversión pública en infraestructuras... Las reformas de la segunda generación lideradas por los socialistas, tras el paréntesis conservador 1996-2004.

Estas líneas matrices, que exigen sin duda un esfuerzo de gasto público (en proporciones muy superiores a los 4.000 millones de euros que, sin desagregación alguna, ha anunciado Jesús Caldera), lograron penetrar en el ánimo del electorado, de tal modo que los analistas consideraban que en ese periodo navideño habían cambiado a favor las malas perspectivas previas de los socialistas. La presentación del borrador de reforma fiscal ante dos centenares de expertos, el pasado día 10, ha puesto las ideas fuerza de ese documento marco en interrogante. ¿Hay verdadera voluntad de transformación o son una carta retrasada a los Reyes Magos? ¿Con qué se va a financiar ese aumento del gasto, si la reforma fiscal anunciada asume el corsé de la Ley de Estabilidad Presupuestaria impuesta por la mayoría absoluta del PP en esta legislatura?: ni incremento de la presión fiscal, ni posibilidad de mayor endeudamiento, ni aumento de la proporción del gasto público en relación con el PIB.

La necesidad de una reforma fiscal la ha explicado Rodríguez Zapatero: la elevada carga tributaria se reparte de forma muy poco equitativa y favorece la persistencia de importantes bolsas de fraude: el 50% de los contribuyentes declara unos ingresos inferiores a los 12.000 euros y sólo 180.000 asumen ganar más de 72.000 euros; además, la economía sumergida de origen fiscal se sitúa en España en 21 puntos del PIB (alrededor de 60.000 millones de euros). La primera discusión no es si la reforma fiscal es más o menos redistributiva -para la cual no se dispone aún de los datos más importantes-, sino si da para financiar las promesas electorales de Zapatero. En su reunión con CC OO, los dirigentes del PSOE afirmaron que para aumentar la capacidad recaudatoria de los impuestos se eliminarán deducciones. ¿Cuáles? Las dos principales deducciones existentes, desde el punto de vista de la recaudación y las de mayor impacto popular, son de la compra de vivienda o la de los planes privados de pensiones, dada la precariedad de las públicas. ¿Alguien cree que se pueden eliminar o reducir?