"Le dije que buscase otra obra"

Isabel (nombre ficticio) acaba de empezar un nueva vida. Esta mujer de 36 años, que pide quedarse en el anonimato, ha terminado un calvario que comenzó en el pueblo malagueño de Mijas el 17 de mayo de 2000. Ese día, Paco, su pareja, se cayó al vacío desde una tercera planta y, tras permanecer nueve días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, murió. "A partir de ahí se me cerraron todas las puertas", dice.

Tras el accidente, la familia de Paco reclamó las indemnizaciones por su muerte y también todos los bienes que compartían. Estupefacta tras haber convivido con la víctima durante 12 años, Isabel acudió al Instituto Andaluz de la Mujer y visitó a varios abogados sin éxito. Cuando iba a abandonar la causa, dio con el letrado Salvador Soler que ha conseguido probar que Isabel era la pareja de Paco y una sentencia que condena a dos años de cárcel a Antonio G., encargado de la obra y socio de una de las dos constructoras. También la sentencia recoge varias indemnizaciones: 7.000 euros para la familia de Paco y 87.000 para Isabel. Un compañero de Paco, que también se cayó al vacío y que ahora se mueve en una silla de ruedas, recibirá 710.000 euros. "Esta sentencia va a ser un precedente para los próximos casos" comenta Soler. "Cuando acepté el caso sólo pedí a Isabel que aguantara porque la mayoría de las veces las viudas de accidentados laborales abandonan en la mitad del litigio. Los casos son duros y mover un papel cuesta mucho dinero", añade. Isabel, que tuvo que soportar insultos y amenazas de la familia de su pareja, cuenta que la noche anterior a la caída le comentó que no había medidas de seguridad en la obra y que pasaba miedo. "Le dije que no fuera, que no subiera al andamio y que buscase otra obra y él por la mañana me contó que había tenido pesadillas. Después se fue al tajo y se cayó", relata.

Paco llevaba trabajando un año en la empresa cuando se cayó desde 12 metros de altura y nada amortiguó el choque. No había redes ni tenía anclados los cinturones de seguridad. Su abogado no abandona el caso: aunque Antonio G. ha sido condenado a dos años de cárcel por homicidio imprudente, los otros dos socios de otra de las constructoras siguen libres en la Costa del Sol.