Que le curen las secuelas

Monserrat Antolín no podía imaginar que el atentado sufrido por su marido, un policía de 46 años, en los años ochenta cuando prestaba servicio en el País Vasco le traería tantos problemas. Desde hace una semana protesta con un cartel frente a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. Denuncia que el Gobierno central "se niega a sufragar" la asistencia psicológica que su marido recibe desde hace algún tiempo, a pesar de que ha sido reconocido por el Gobierno como víctima del terrorismo.

Antolín alude a la certificación de tres especialistas que diagnosticaron a su marido estrés postraumático después de aquel atentado terrorista, en el que "sufrió daños físicos y tuvo que ser ingresado", explicó.

El Tribunal Médico del Cuerpo Nacional de Policía sostiene otra cosa. El comisario jefe provincial de Córdoba, Federico Cabello, aseguró ayer que se trata de una "enfermedad común y no profesional" como consecuencia del atentado. Cabello negó que el agente fuera víctima de otro intento de atentado en 1990, como sostiene Monserrat Antolín.

"Desde hace dos años largos mi marido tiene que ir una o dos veces a la semana al psicólogo", añade Antolín, "y las consultas cuestan unos 70 euros". Monserrat, que trabaja como limpiadora, asegura que la situación económica de la familia no es óptima, ya que su marido ha pasado a una segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. "Le dan una paga de unos 1.000 euros y con eso no nos da", explicó. La inclusión del policía en dicha segunda actividad está en manos de un contencioso-administrativo que los afectados de este cuerpo de seguridad mantienen contra el Estado.

La esposa del policía exige que su marido sea jubilado, ya que al pasar a segunda actividad su remuneración se ve mermada después de 20 años de servicio.

"Si ya no sirve para realizar su labor policial, si no está en condiciones de llevar un arma, por qué está en segunda actividad, por qué no lo jubilan", se lamentaba ayer.

Antolín recibió el pasado 2 de enero la comunicación del servicio de atención a las víctimas del terrorismo que negaba a su marido los costes de la asistencia psicológica que recibe y desde entonces vive aún más angustiada.

Ayer consiguió hablar con el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Javier de Torre. "Me dijo que intentaría solucionar el tema", explicó. No obstante, Monserrat Antolín aseguró que continuará acudiendo cada día ante la sede del Gobierno para exigir los derechos que recoge la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

El comisario provincial también lamentó ayer que la familia no se hubiera puesto en contacto con las instituciones para intentar solucionar el tema antes de hacer pública su protesta en plena calle. La esposa del policía contestó que "lo menos que podían haber hecho es llamarme; si estoy con una pancarta delante de la subdelegación es porque ya he llamado a todas las puertas y no me han hecho caso", concluyó.