Transparencia en las cárceles

El pasado mes de octubre, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona publicó su informe sobre las Condiciones del encarcelamiento en Cataluña prologado por el rector de la UB, Joan Tugores, y presentado en rueda de prensa el día 15 de aquel mes. Este informe es el resultado de un estudio realizado por un equipo de investigadores (profesores titulares de la Universidad y abogados del Colegio de Abogados de Barcelona) que, durante dos años, analizó la situación penitenciaria en Cataluña, pese a los obstáculos que la anterior Administración penitenciaria puso a dicho trabajo, al prohibir la entrada del observatorio en las cárceles catalanas. En este informe (que puede ser consultado en www.ub.es/ospdh), entre muchas situaciones problemáticas detectadas, se dedicó un capítulo a informar sobre cinco casos de presos de una cárcel catalana (la de Brians) que habían sido presuntamente sometidos a torturas y malos tratos. Tales casos se consignaron con nombres y apellidos y se aportaron, como pruebas documentales, las resoluciones judiciales de los juzgados de instrucción que habían admitido a trámite las denuncias de presos y abogados y habían calificado, presuntamente, como "torturas" los hechos denunciados. Los medios de comunicación difundieron ampliamente semejante noticia. El titular de la anterior Administración penitenciaria catalana descalificó, en pocas horas (sin haber podido leer un documento de más de 300 páginas), el informe en su totalidad, con duras expresiones para sus autores. Unos días más tarde, la prensa también reveló un informe interno de la Administración penitenciaria catalana (Resum d'indicadors) en el que se reconocía que en los últimos tiempos había aumentado notablemente el empleo de medios coercitivos en las cárceles catalanas.

Recientemente, a los dos meses de publicados y difundidos aquellos informes, se ha producido un hecho de una enorme gravedad: esta vez, un preso ingresado en la cárcel de Brians ha muerto en extrañas circunstancias. En los últimos días, la prensa catalana ha difundido informaciones que señalan datos especialmente preocupantes. En efecto, se ha ido pasando de informar primero de una pelea entre dos presos con el resultado de la muerte de uno de ellos, al estar muy convulsionado, una vez reducido por unos funcionarios de prisiones, a terminar señalando después que otros presos -testigos de los hechos- habían declarado ante el juez instructor que vieron cómo algunos funcionarios de prisiones "apaleaban" a quien resultó posteriormente muerto. Asimismo, se ha informado de que los nuevos titulares del Departamento de Justicia y de la Secretaría de Ejecución Penal han abierto también una investigación interna con el fin de aclarar los hechos.

Habrá que esperar, en consecuencia, el resultado de tales investigaciones, y cuanto se diga mientras tanto deberá estar guiado por la máxima prudencia y el respeto a la tarea que desempeñen los mencionados mecanismos de control (judicial y administrativo). También ha de destacarse que la presunción de inocencia siempre debe ser respetada y, en el presente caso, subrayada, pues se trata de unos hechos que culminan con la muerte de un recluso. Ahora bien, dicho ello de manera clara, tampoco podemos olvidar que diversos presos han declarado en el sentido antes señalado. Esas personas continúan en la misma cárcel, no podemos olvidarlo.

Tras 23 años de hegemonía política en Cataluña, el cambio de Gobierno que acaba de producirse abre esperanzas de cambios profundos y un nuevo diseño para una política penal y penitenciaria más abierta y transparente. La titularidad de la Administración penitenciaria ha sido recientemente renovada y habrá que esperar que se inicie un escenario novedoso. Difícil inicio para los nuevos responsables de las cárceles, que se estrenan con un acontecimiento de suma gravedad, tal vez el peor de cuanto sería imaginable. En estos días se cumplen, exactamente, 20 años de la transferencia de competencias penitenciarias a Cataluña, que es la única comunidad autónoma a la que le han sido transferidas. La situación de las cárceles es hoy más preocupante que nunca: el crecimiento de la población carcelaria catalana ha llegado a la emblemática cifra de 7.500 reclusos, las cárceles están más hacinadas que nunca y las tendencias demográficas apuntan a un mayor crecimiento aún. Las expectativas de los presos decrecen cada vez más como consecuencia de las diversas reformas legales que apuntan al aumento de las condenas de prisión (cada vez más largas en su efectiva ejecución) y a una desgraciada centralidad de la cárcel como respuesta punitiva a una conflictividad social que no puede ser atajada con reacciones estrictamente penales. La situación de los establecimientos penitenciarios es de extrema tensión. Complicado escenario éste para los nuevos responsables de la gestión penitenciaria en Cataluña.

Como representantes de un observatorio universitario que nació hace tres años para inspeccionar y mostrar a la sociedad el nivel de respeto de los derechos humanos en el interior de las instituciones del sistema penal, queremos mostrar nuestra gran preocupación por la gravedad de los hechos relatados y nuestro deseo de que esta vez exista una investigación transparente que llegue hasta sus últimas consecuencias en la averiguación de la verdad y, en su caso, alcance la depuración de responsabilidades si hubiere lugar a ellas. De ello dependerá que este desagraciado caso, que se convierte así en termómetro de las actuaciones que se emprendan, demuestre que estamos realmente en presencia de un nuevo talante que tenga como horizonte de la gestión política el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Ello redundará no sólo en una confianza en esta nueva gestión, sino también en la dignidad de un colectivo de profesionales que debe reclamar, más que nunca, quedar libre del más mínimo atisbo de duda. Ésta es la transparencia que demandamos para que acabe la política de opacidad penitenciaria que caracterizó, lamentablemente, a la anterior administración de las instituciones carcelarias catalanas.

Iñaki Rivera Beiras es director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB.