La Audiencia de Alicante condena a seis años a un ex alcalde por delito ecológico

La Audiencia de Alicante ha condenado al ex alcalde del municipio alicantino de Pego, el independiente Carlos Pascual, a una pena de seis años de prisión y a otros tantos de inhabilitación por alterar el Marjal de Pego-Oliva, un humedal declarado parque natural 1994. Pascual ordenó la quema de vegetación del parque y la rebaja del nivel de agua del humedal, y construyó caminos y diques que alteraron en un 50% la superficie del parque. La sentencia, que va a ser recurrida al Tribunal Supremo, establece la mayor pena para un cargo público dictada por delito ecológico.

La Audiencia Provincial de Alicante considera que Carlos Pascual, ex alcalde de Pego (Alicante), fue autor e instigador de un grave atentado contra el medio ambiente que puso en peligro la existencia del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, entre las provincias de Alicante y Valencia, y que afectó a unas 600 hectáreas del humedal.

La Sección Tercera de la Audiencia condena al ex alcalde por estos hechos a tres años de prisión, y a otros tres, por atentar contra el director-conservador del humedal, quien trató de impedir los actos ordenados por el alcalde. La sentencia contra el ex alcade de Pego establece una pena idéntica para el ex teniente de alcalde, José Orihuel, acusado por los mismos hechos. Ambos deberán responder de la indemnización de 1,2 millones de euros impuesta en la sentencia y de la que el Ayuntamiento de Pego y la Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de la Vilal de Pego son responsables civiles subsidiarios.

El fallo absuelve a tres colaboradores del alcalde que fueron detenidos cuando trataban de causar diferentes incendios en el parque, aunque abre una vía para posibles sanciones administrativas.

Carlos Pascual presentó ayer su renuncia al acta de concejal de Pego tras conocer la sentencia que le inhabilita como cargo público, y su abogado anunció que recurrirá la sentencia en casación al Tribunal Supremo. Tras las últimas elecciones municipales se creó en Pego un gobierno tripartito (PP, PSPV-PSOE y Bloque Nacionalista Valenciano) para desbancar a Pascual de la alcaldía. El partido independiente que lidera éste obtuvo ocho ediles en los comicios frente a los nueve de las otras tres formaciones. El municipio de Pego, de 10.230 habitantes, se encuentra dividido entre detractores y defensores de su ex alcalde. Más de 5.000 vecinos desfilaron por el pueblo exigiendo su dimisión. Agredió al jefe de la policía local,ocupó la radio local para retransmitir un pleno municipal, convocaba las sesiones a las siete de la mañana y, en ocasiones las prolongaba durante doce horas, hasta lograr el agotamiento de la oposición. Todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas reprobaron la peculiar forma de gobernar de este ex alcalde.

Carlos Pascual, junto a su teniente alcalde José Orihuel, que aglutinaba los cargos de concejal de Agricultura y presidente de la Comunidad de Regantes de las Tierras de Arrozales de la Villa de Pego, atrajo a los agricultores a su causa contra el humedal, "para tratar de dar una cierta apariencia de legalidad", según establece la sentencia. Con estas intenciones, los dos acusados lograron animar a los arroceros a que cultivaran en suelo protegido. Los agricultores, en una Asamblea General celebrada en junio de 1996, acordaron ceder suelo en propiedad dentro del Parque Natural al Ayuntamiento para que éste actuara a su antojo. Todas las actuaciones lesivas, como obras, construcción de diques o bombeos de agua, fueron aprobadas en plenos municipales entre enero de 1996 y abril de 1998 y ejecutadas, a cargo del presupuesto municipal.

La actuación del ex alcalde alicantino fue más allá de la instigación, según recoge la sentencia. Carlos Pascual protagonizó incidentes contra agentes de la Guardia Civil y contra los bomberos que acudían a sofocar los incendios intencionados, y también atentó contra el director-conservador del Parque. En ocasiones, Pascual utilizó a la Policía Local para impedir el acceso de autoridades y funcionarios del parque durante la quema intencionada de diferentes zonas del paraje. Así ocurrió en marzo de 1997, cuando el director del parque, Vicente Urios, fue bloqueado por Pascual cuando intentaba acercarse a una zona incendiada.

La condena contra Pascual es posiblemente más alta dictada en España a un político por un delito ecológico. Entre los antecedentes judiciales figura la condena al alcalde de Xeresa (Valencia), Ciprià Fluixà (PP), a un año de prisión y ocho de inhabilitación especial por un delito de prevaricación medioambiental y otro contra el medio ambiente. Asimismo, el Supremo ratificó una condena de cuatro años a un empresario, José Puigneró Sargatall, propietario de la empresa catalana textil Hilaturas Puigneró, por verter las aguas residuales de su empresa al cauce del río Sorreig, sin la depuración adecuada y de forma incontrolada.